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México, D. F.
La Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex) demandó de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las procuradurías estatales informes sobre el avance en las indagatorias de los cinco asesinatos perpetrados contra periodistas mexicanos así como de los otros cinco desaparecidos, en lo que va del año, en diferentes lugares de la República, entre los que se encuentran dos reporteros de la revista Contralínea este martes 27.
Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralínea, se encuentran desaparecidos desde el martes último luego de que la caravana de la que eran parte en la zona triqui de Oaxaca, fuera emboscada a tiros por paramilitares; de esa agresión hay una mujer lesionada, 22 desaparecidos y testimonios de que entre tres y cinco personas más, fueron asesinadas.
El organismo, que preside Armando Prida Huerta, demandó saber si la PGR o las procuradurías de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y Guerrero tienen información de los asesinatos contra Jorge Ochoa Martínez, Valentín Valdés Espinoza, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Rábago Valdez y Enrique Villicaña Palomares, todos privados de la vida con violencia en lo que va del año y sin que hasta el momento se sepa si sus muertes se deben al ejercicio periodístico.
Demandó también informen lo respectivo a las desapariciones de Ramón Ángeles Zalpa, Evaristo Ortega Zárate y Miguel Ángel Domínguez Zamora en Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, de quienes, sólo en algunos casos, se conocen testimonios de ciudadanos en el sentido de que fueron levantados con violencia.
Casos como el de Jorge Rábago Valdez, de 49 años, incluyen el secuestro y la tortura, a causa de la cual perdió la vida, cuando era atendido en un hospital de Reynosa, Tamaulipas, en donde trabajaba para el diario La Prensa y las difusoras Radio Rey y Reporteros en la Red. Su deceso ocurrió el 2 de marzo, días después de ser liberado.
Otros, como el de Enrique Villicaña Palomares, registran la inadmisible negligencia policiaca, toda vez que el columnista del diario La Voz de Michoacán, así como de diferentes programas de radio y televisión de ese estado, ya había recibido amenazas de muerte, de las que la policía tenía conocimiento y pese a lo cual, no dispuso nada para prevenir atentados.
De los reporteros de la revista Contralínea, Fundalex hace notar el inmediato deslinde sobre la participación en los hechos que, antes de que iniciaran las investigaciones, hizo Evencio Martínez Ramírez, Secretario General de Gobierno de la administración que encabeza el gobernador Ulises Ruiz. El funcionario dijo incluso que desconocía si había muertos.
Igualmente llama la atención que la agresión se produjera en un paraje de la zona montañosa de San Juan Copala, donde desde principios de año, grupos de paramilitares, vinculados con la Unidad de Bienestar de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, mantienen sitiada a la población debido a un conflicto que enfrenta a la población con caciques locales.
Fundalex hace notar que si las autoridades judiciales no saben nada o muy poco de esos asuntos, incurrirían en evidentes negligencia e incapacidad y, por tanto, debieran ser reemplazadas. Y si la falta de información se debe a encubrimiento, cometerían entonces el delito de asociación delictuosa o complicidad y serían sujetos de sanciones penales.
Érika Ramírez y David Cilia, reporteros de la revista Contralínea, se encuentran desaparecidos desde el martes último luego de que la caravana de la que eran parte en la zona triqui de Oaxaca, fuera emboscada a tiros por paramilitares; de esa agresión hay una mujer lesionada, 22 desaparecidos y testimonios de que entre tres y cinco personas más, fueron asesinadas.
El organismo, que preside Armando Prida Huerta, demandó saber si la PGR o las procuradurías de Tamaulipas, Coahuila, Michoacán y Guerrero tienen información de los asesinatos contra Jorge Ochoa Martínez, Valentín Valdés Espinoza, Evaristo Pacheco Solís, Jorge Rábago Valdez y Enrique Villicaña Palomares, todos privados de la vida con violencia en lo que va del año y sin que hasta el momento se sepa si sus muertes se deben al ejercicio periodístico.
Demandó también informen lo respectivo a las desapariciones de Ramón Ángeles Zalpa, Evaristo Ortega Zárate y Miguel Ángel Domínguez Zamora en Michoacán, Veracruz y Tamaulipas, de quienes, sólo en algunos casos, se conocen testimonios de ciudadanos en el sentido de que fueron levantados con violencia.
Casos como el de Jorge Rábago Valdez, de 49 años, incluyen el secuestro y la tortura, a causa de la cual perdió la vida, cuando era atendido en un hospital de Reynosa, Tamaulipas, en donde trabajaba para el diario La Prensa y las difusoras Radio Rey y Reporteros en la Red. Su deceso ocurrió el 2 de marzo, días después de ser liberado.
Otros, como el de Enrique Villicaña Palomares, registran la inadmisible negligencia policiaca, toda vez que el columnista del diario La Voz de Michoacán, así como de diferentes programas de radio y televisión de ese estado, ya había recibido amenazas de muerte, de las que la policía tenía conocimiento y pese a lo cual, no dispuso nada para prevenir atentados.
De los reporteros de la revista Contralínea, Fundalex hace notar el inmediato deslinde sobre la participación en los hechos que, antes de que iniciaran las investigaciones, hizo Evencio Martínez Ramírez, Secretario General de Gobierno de la administración que encabeza el gobernador Ulises Ruiz. El funcionario dijo incluso que desconocía si había muertos.
Igualmente llama la atención que la agresión se produjera en un paraje de la zona montañosa de San Juan Copala, donde desde principios de año, grupos de paramilitares, vinculados con la Unidad de Bienestar de la Región Triqui (Ubisort), de filiación priísta, mantienen sitiada a la población debido a un conflicto que enfrenta a la población con caciques locales.
Fundalex hace notar que si las autoridades judiciales no saben nada o muy poco de esos asuntos, incurrirían en evidentes negligencia e incapacidad y, por tanto, debieran ser reemplazadas. Y si la falta de información se debe a encubrimiento, cometerían entonces el delito de asociación delictuosa o complicidad y serían sujetos de sanciones penales.
