martes, 20 de octubre de 2015

Despide El Heraldo a otro periodista sin darle liquidación

Ángel García
Xalapa, Veracruz

El periodista José Domínguez Aguilera dijo haber sido despedido injustificadamente el pasado 29 de septiembre y sin liquidación de un medio de comunicación propiedad del diputado local Eduardo Sánchez Macías y a quien le prestó sus servicios profesionales durante cinco años ininterrumpidos.
En conferencia de prensa, el comunicador detalló que además no le fue pagada la última quincena que trabajó y que ante la negativa del propietario tuvo que acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje para iniciar un proceso legal en busca de ser beneficiado con el pago de al menos 60 mil pesos que, según él, por ley le corresponden.
Agregó que no esperaba ser despedido, pues al presentarse a laborar el pasado 29 de septiembre aseguró que le cerraron la puerta en la cara y que sin alguna explicación de por medio le impidieron el paso.
Sostuvo que la función que desarrollaba era la de productor de radio, sin embargo, señaló que comúnmente hacía varias actividades extraordinarias por el mismo salario, además de que en lugar de tener algún aumento su salario fue recortado en varias ocasiones.
Detalló que esta situación fue constante durante los últimos cinco meses, sin omitir que él mismo compró su material y equipo de trabajo que ahora, advirtió, se niegan a regresarle.
Precisó que durante el tiempo que laboró con el legislador nunca se le otorgaron las prestaciones de ley, en especial el seguro social y que esta afectación daña constantemente a los más de 30 empleados que continúan en servicio.
Finalmente, pidió a su expatrón pagar su liquidación y su quincena pendientes para evitar complicaciones legales más adelante.

martes, 6 de octubre de 2015

Versión de que Veracruz es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo es preliminar: CEAPP

Ángel García
Xalapa, Veracruz



La secretaria técnica de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Namiko Matzumoto Benítez, pidió esperar a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita un informe completo de la visita realizada al Estado antes de hablar o asegurar que Veracruz es la Entidad más peligrosa de México para ejercer el periodismo.

Entrevistada en el marco de la presentación del “Programa Estatal de Derechos Humanos”, reiteró que es aventurado adelantar juicios sobre los peligros de ejercer el periodismo en tierras veracruzanas, pues detalló que primero la CIDH debe analizar todos los aspectos relacionados con este tema para que finalmente se puedan llevar a cabo las declaraciones.
Abundó que la CEAPP cuenta con más de 40 expedientes abiertos durante este año y detalló que no todos se encuentran relacionados con ataques a periodistas relacionados con el desarrollo de su labor profesional.
Precisó que los expedientes abiertos de protección a los periodistas consisten diferentes gestiones y acompañamientos legales de distinta índole que incluso tienen que ver con su ámbito laboral, administrativo o civil.
Insistió en que se debe esperar hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita su informe completo, por lo que consideró como adelantados todos aquellos comentarios que se han emitido con relación al trabajo que realizan en la CEAPP.
Destacó que la CIDH reconoció incluso la creación de la CEAPP, así como las medidas que ha realizado para bridar protección a los periodistas veracruzanos, al considerar que este organismo cumple con la función que tiene encomendada.
Por último, sostuvo que todo organismo puede encontrar en el camino dificultades que no se tenían previstas al inicio de sus funciones, lo que obliga a implementar nuevos mecanismos para salir adelante conforme de presenten las circunstancias.

Despiden sin indemnización a conductora de Radio de el Heraldo de Veracruz


  • El propietario es el diputado Eduardo Sánchez Macías, integrante de la Comisión "de protección a periodistas"

Opción de Veracruz
Xalapa, Veracruz

Después de casi un año de trabajar como conductora del noticiero de radio digital de El Heraldo de Veracruz y recibir un salario quincenal de 750 pesos (un mil quinientos pesos al mes), la reportera Leticia Cruz fue despedida sin pagarle la indemnización correspondiente que asciende a seis mil pesos cómo mínimo, contemplada por la ley laboral vigente.
Además de no recibir prestaciones de ninguna clase -seguro social e Infonavit- a la Reportera se pretendió obligarla a firmar una renuncia voluntaria en la que aceptaba haber recibido las prestaciones que marca la ley y no quedar ningún adeudo de parte de la empresa para la que laboró por 10 meses.
El periódico es uno de los pocos que quedan de una cadena de impresos que floreció al amparo de la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y que permaneció en los primeros años del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pero la crisis financiera del presente sexenio por concluir en el 2016, afectó a la cadena de los Heraldos propiedad del diputado local Eduardo Sánchez Macías.
Debido a lo anterior, se dio el cierre de varios periódicos en varias ciudades de Veracruz y el consecuente despido de los trabajadores sin cubrirles las cantidades monetarias establecidas por la ley laboral.
Respecto a la justificación que la directora administrativa del Heraldo de Veracruz, María del Socorro López diera  a la reportera Leticia Cruz, de no tener ya convenios publicitarios con el Gobierno de Veracruz, cabe recordar que hace dos años, en septiembre del 2013, Francisco Sánchez Macías -hermano del actual diputado local Eduardo, de los mismo apellidos- publicó una carta abierta en la revista Proceso denunciando acoso de parte de la entonces coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío.
En dicha carta abierta, el copropietario de El Heraldo de Veracruz denunciaba que Gina Domínguez lo había amenazado con usar "todo su poder y el peso de su cargo, así como el de otras dependencias de gobierno para acabar con las empresas que tanto esfuerzo nos ha costado levantar”.
Sin embargo, entre los empresarios de los medios de comunicación se manejó que la realidad era el retiro de convenios publicitarios a la cadena de los Heraldos, que se pospuso y finalmente se retirarían compensando a los Sánchez Macías con la candidatura de Eduardo a diputado local y una vez investido como legislador, promoverlo irónicamente, como integrante de la Comisión Legislativa de protección a periodistas en el Congreso local.


lunes, 5 de octubre de 2015

Gana Sanjuana Martínez demanda contra "Proceso"

Foto redes sociales de Sanjuana Martínez.
aristeguinoticias.com
México DF

La periodista Sanjuana Martínez ganó una demanda que interpuso contra la revista Proceso, tras ser despedida hace 9 años.

La Junta de Conciliación y Arbitraje del DF estableció que se trató de un despido injustificado y ordenó a la revista el pago de salarios caídos durante los últimos 9 años, además de vacaciones, aguinaldos, prima de antigüedad, días de descanso obligatorio, entre otras percepciones.

El laudo laboral fue emitido por Rubén Arturo Jasso, presidente de la Junta Especial número cinco, como se muestra en el documento anterior.

Martínez acusó cuestiones de censura relacionadas con el caso de pederastia de sacerdotes católicos que involucraba al cardenal Norberto Rivera.

De acuerdo con El Universal, en el fallo se señala que “se condena a la demandada Comunicación e Información, S.A. a pagar a la actora Sanjuana Martínez” una cantidad millonaria.

Al respecto, la comunicadora comentó lo siguiente en sus redes:
Después de 9 años, la Revista Proceso condenada por despido injustificado por censura a mi trabajo sobre pederastia clerical.

Boletín Informativo
Condenan a la Revista Proceso por despido injustificado de la periodista Sanjuana Martínez
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La Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal condenó a la Revista Proceso por el despido injustificado contra la periodista Sanjuana Martínez, quien fue despedida hace nueve años por cuestiones de censura relacionadas con el caso de pederastia de sacerdotes católicos que involucraba al cardenal Norberto Rivera. 
“Ha sido una larga batalla por la legalidad. Es apenas un avance en mi lucha por el derecho de las audiencias y el respeto de los derechos laborales de los periodistas”, dijo Sanjuana Martínez al enterarse del laudo emitido por Rubén Arturo Jasso Márquez, presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dentro del expediente 720/2006. 
El laudo emitido señala que “se condena a la demandada Comunicación e Información, S.A. a pagar a la actora Sanjuana Martínez” una cantidad millonaria en base a salarios caídos durante los nueve años, aguinaldos, vacaciones y prima vacacional del último año de servicios, prima de antigüedad dejándose a salvo los derechos de la actora respecto al pago de las utilidades, entre otras prestaciones marcadas por la ley. 
La demanda fue interpuesta por Sanjuana Martínez el 21 de julio de 2006 contra Comunicación e Información, S.A., Revista Proceso, S.A. de C.V., Julio Scherer García, Vicente Leñero, Enrique Maza, Enrique Sánchez España, Rafael Rodríguez Castañeda, María Scherer Ibarra, Humberto Herrero, Alejandro Rivera, Enrique Maza, Homero Campa y Antonio Jaquez, por despido injustificado y por no haber recibido la indemnización que marca la Ley Federal del Trabajo. 
Fue gracias a la protección del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que Sanjuana Martínez finalmente triunfó en su lucha contra la censura y las graves violaciones a la Ley Federal del Trabajo cometidas por la Revista Proceso. 
“Esta ha sido una lucha prácticamente en solitario. No es lo mismo ser censurada y despedida injustificadamente por la Revista Proceso que por MVS o Televisa, aunque debería de serlo sin considerar la línea editorial o la ideología. Esto no tiene nada que ver con la izquierda o la derecha, es un asunto estrictamente de justicia laboral”, dijo la periodista.

sábado, 3 de octubre de 2015

Tabasco, una zona del silencio más en México


Opción de Veracruz
México DF

La Casa de los Derechos de Periodistas A.C, eleva su más enérgica condena por el asesinato de los comunicadores José Joaquín Pérez Morales y Aurelio Hernández Herrera, de 70 y 63 años de edad,  respectivamente,  perpetrado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el pasado 23 de septiembre.

En nuestra calidad de periodistas y abogados comprometidos en la defensa de la libertad de expresión y demás derechos humanos de la población mexicana, exigimos a las autoridades de procuración de  justicia de aquella entidad a realizar investigaciones serias, científicas y eficientes para dar con las personas responsables de este doble homicidio que enlutó dos hogares y al gremio periodístico tabasqueño.

Se deben agotar  todas las líneas de investigación para que el Ministerio Público  cuente con los elementos suficientes para consignar las indagatorias respectivas, de lo contrario, ambos asesinatos, quedarán en la impunidad como  ha ocurrido hasta el momento con los homicidios de los periodistas Ismael Díaz López y Alejandro Fonseca.

Tanto la sociedad  mexicana, como las familias de los periodistas asesinados deben saber la verdad, sea cual sea, pero siempre la autoridad tiene la obligación constitucional de fundamentar y  motivar las investigación y  evitar descartar a priori la línea de investigación relacionada con el trabajo periodístico.

El 18 de junio de 2015  fue asesinado  con arma blanca el periodista Ismael Díaz López, corresponsal del periódico Tabasco Hoy en Teapa. Tabasco.

Precisamente, el 23 de septiembre, pero  de 2008,  fue  asesinado, locutor de radio y periodista de  EXA en Villahermosa,  Alejandro Zenón Fonseca Estrada. La impunidad sigue siendo la constante en estos homicidios, mientras que el estado de Tabasco se sigue consolidando como una zona del silencio ante la falta de condiciones para ejercer con plenitud el Derecho a la Información.

La presencia  en México en una visita in loco de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es muestra que las violaciones a derechos humanos son sistemáticas en el país y que la mirada internacional debe recaer en la crisis humanitaria que se vive en México en materia de libertad de Expresión.