* No es MP, señala Cladem
Alejandra González (CIMAC)
México DF, 24 febrero 09
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) pidió al gobernador de Jalisco, Emilio González, el cese inmediato del Procurador General de Justicia, Tomás Coronado Olmos, funcionario involucrado en presuntos actos de corrupción de menores, prostitución y pornografía contra la infancia.
El Procurador era uno de los asistentes, de acuerdo con la denuncia de una de las víctimas, a “fiestas” en donde se invitaba y abusaba sexualmente de menores de edad.
En un comunicado emitido hoy, Cladem responde a la “pseudo recomendación” emitida por Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que deslinda al Procurador de los cargos que se le imputan, el Cladem señala que estos actos demuestran la falta de compromiso y el desconocimiento que tiene no solo en materia de derechos humanos, sino de los procedimientos jurídicos que establece su propia ley.
“La Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le da atribuciones de Ministerio Público al titular de dicha dependencia, por tanto no puede exonerar al Procurador de la responsabilidad que pudiera resultarle en caso de ser investigado, en todo caso tendrá que ser la Fiscalía Especial para la atención de Delitos relacionados con actos de Violencia en contra de las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), quien determine lo conducente”, señala Cladem.
El pasado 30 de enero, el titular de la CEDHJ, emitió la recomendación 02/09, en la que argumenta que el Procurador no violó ningún derecho humano a las víctimas, y que no participó en fiestas en las cuales se llevaban a cabo abusos sexuales en contra de niñas, aunque en enero del 2008, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, declaró que el Procurador sí había asistido a la fiesta, pero no estaba enterado de que se había cometido un delito.
Sin embargo, de acuerdo con las víctimas y con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), que ha llevado el caso desde septiembre del 2007, las omisiones, irregularidades y la falta de compromiso de las instituciones locales y federales correspondientes para con el caso han sido constantes.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El 25 de abril del 2007, la señora María Araceli Arellano presentó una denuncia por abuso sexual en contra de su hija, hecho ocurrido durante una fiesta a las afueras de Guadalajara, a la que acudieron diversos políticos. La menor reconoció como su agresor a Martín Aguirre Aguirre, ahora ex funcionario público de la ciudad de Guadalajara, y reconoció también al Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, como uno de los asistentes.
Desde el momento en que se levantó la denuncia, el nombre del Procurador no fue incluido en los informes realizados por las autoridades ministeriales. Tanto la madre como la hija, desconocían en ese momento el cargo de Tomás Coronado Olmos.
Durante cuatro meses, los avances en la investigación no fueron dados a conocer a las víctimas, y finalmente en septiembre, el juez giró una orden de aprehensión en contra del presunto violador Martín Aguirre Aguirre, pero en los siguientes ocho meses esta orden no fue ejecutada, tiempo que Aguirre aprovechó para tramitar un juicio de amparo, que resultó a su favor cuando un Tribunal Colegiado declaró insubsistente la orden de aprehensión.
El día 30 de agosto, María Arellano se presentó con su hija a la Procuraduría para presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad, amenazas, golpes y demás delitos que fueron cometidos contra la menor de edad para que retirara la denuncia y evitara involucrar a los servidores públicos señalados. En esta ocasión se asentaron los antecedentes de la violación, las fiestas sexuales y los nombres de algunos de sus participantes, entre ellos el del Procurador.
HOSTIGAMIENTOS Y OFERTAS
Al día siguiente, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) se presentaron en el domicilio de las víctimas y les pidieron que los acompañaran a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, para reconocer al sujeto que presuntamente privó de la libertad a la niña. En una oficina de la PGJEJ, madre e hija fueron privadas de su libertad y obligadas a declaraciones previamente elaboradas y que no pudieron leer. Después de firmar las hojas, fueron devueltas a su domicilio.
En marzo del 2008, la señora Arellano recibió la visita en su domicilio de Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración, quien a nombre del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, le ofreció un abogado para resolver su caso, así como becas para sus hijas y un mejor trabajo para ella, a cambio de que retirarán las denuncias presentadas, y se retractaran públicamente de las acusaciones hechas en contra del Procurador.
La propuesta no fue aceptada y los acosos y ofrecimientos económicos para que retiren las acusaciones en contra del Procurador han continuado. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue necesaria para brindarle protección a las víctimas, ya que las autoridades locales y federales se mostraron incompetentes, esto de acuerdo con el informe sobre la situación de derechos humanos en Jalisco, emitido por la Cepad.
Además, la CIDH exigió el esclarecimiento judicial del caso, lo que generó que la Fiscalía especial para los delitos de violencia en contra de las mujeres y trata de personas (Fevimtra) asumiera el caso, tanto en lo referente a la custodia, como al deslinde judicial.
Sin embargo, a casi dos años de que se presentara la primera denuncia, el caso sigue sin esclarecerse, y las instituciones locales como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, no han hecho más que encubrir y entorpecer los procedimientos para la impartición de justicia, ejerciendo de esta forma, violencia institucional y promoviendo la impunidad, de acuerdo al pronunciamiento hecho por las organizaciones civiles.
Alejandra González (CIMAC)
México DF, 24 febrero 09
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) pidió al gobernador de Jalisco, Emilio González, el cese inmediato del Procurador General de Justicia, Tomás Coronado Olmos, funcionario involucrado en presuntos actos de corrupción de menores, prostitución y pornografía contra la infancia.
El Procurador era uno de los asistentes, de acuerdo con la denuncia de una de las víctimas, a “fiestas” en donde se invitaba y abusaba sexualmente de menores de edad.
En un comunicado emitido hoy, Cladem responde a la “pseudo recomendación” emitida por Felipe de Jesús Álvarez Cibrian, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que deslinda al Procurador de los cargos que se le imputan, el Cladem señala que estos actos demuestran la falta de compromiso y el desconocimiento que tiene no solo en materia de derechos humanos, sino de los procedimientos jurídicos que establece su propia ley.
“La Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le da atribuciones de Ministerio Público al titular de dicha dependencia, por tanto no puede exonerar al Procurador de la responsabilidad que pudiera resultarle en caso de ser investigado, en todo caso tendrá que ser la Fiscalía Especial para la atención de Delitos relacionados con actos de Violencia en contra de las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), quien determine lo conducente”, señala Cladem.
El pasado 30 de enero, el titular de la CEDHJ, emitió la recomendación 02/09, en la que argumenta que el Procurador no violó ningún derecho humano a las víctimas, y que no participó en fiestas en las cuales se llevaban a cabo abusos sexuales en contra de niñas, aunque en enero del 2008, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, declaró que el Procurador sí había asistido a la fiesta, pero no estaba enterado de que se había cometido un delito.
Sin embargo, de acuerdo con las víctimas y con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad), que ha llevado el caso desde septiembre del 2007, las omisiones, irregularidades y la falta de compromiso de las instituciones locales y federales correspondientes para con el caso han sido constantes.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
El 25 de abril del 2007, la señora María Araceli Arellano presentó una denuncia por abuso sexual en contra de su hija, hecho ocurrido durante una fiesta a las afueras de Guadalajara, a la que acudieron diversos políticos. La menor reconoció como su agresor a Martín Aguirre Aguirre, ahora ex funcionario público de la ciudad de Guadalajara, y reconoció también al Procurador de Justicia de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, como uno de los asistentes.
Desde el momento en que se levantó la denuncia, el nombre del Procurador no fue incluido en los informes realizados por las autoridades ministeriales. Tanto la madre como la hija, desconocían en ese momento el cargo de Tomás Coronado Olmos.
Durante cuatro meses, los avances en la investigación no fueron dados a conocer a las víctimas, y finalmente en septiembre, el juez giró una orden de aprehensión en contra del presunto violador Martín Aguirre Aguirre, pero en los siguientes ocho meses esta orden no fue ejecutada, tiempo que Aguirre aprovechó para tramitar un juicio de amparo, que resultó a su favor cuando un Tribunal Colegiado declaró insubsistente la orden de aprehensión.
El día 30 de agosto, María Arellano se presentó con su hija a la Procuraduría para presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad, amenazas, golpes y demás delitos que fueron cometidos contra la menor de edad para que retirara la denuncia y evitara involucrar a los servidores públicos señalados. En esta ocasión se asentaron los antecedentes de la violación, las fiestas sexuales y los nombres de algunos de sus participantes, entre ellos el del Procurador.
HOSTIGAMIENTOS Y OFERTAS
Al día siguiente, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) se presentaron en el domicilio de las víctimas y les pidieron que los acompañaran a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, para reconocer al sujeto que presuntamente privó de la libertad a la niña. En una oficina de la PGJEJ, madre e hija fueron privadas de su libertad y obligadas a declaraciones previamente elaboradas y que no pudieron leer. Después de firmar las hojas, fueron devueltas a su domicilio.
En marzo del 2008, la señora Arellano recibió la visita en su domicilio de Antonia Durán López, directora general de Administración y Desarrollo de la Secretaría de Administración, quien a nombre del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, le ofreció un abogado para resolver su caso, así como becas para sus hijas y un mejor trabajo para ella, a cambio de que retirarán las denuncias presentadas, y se retractaran públicamente de las acusaciones hechas en contra del Procurador.
La propuesta no fue aceptada y los acosos y ofrecimientos económicos para que retiren las acusaciones en contra del Procurador han continuado. La intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue necesaria para brindarle protección a las víctimas, ya que las autoridades locales y federales se mostraron incompetentes, esto de acuerdo con el informe sobre la situación de derechos humanos en Jalisco, emitido por la Cepad.
Además, la CIDH exigió el esclarecimiento judicial del caso, lo que generó que la Fiscalía especial para los delitos de violencia en contra de las mujeres y trata de personas (Fevimtra) asumiera el caso, tanto en lo referente a la custodia, como al deslinde judicial.
Sin embargo, a casi dos años de que se presentara la primera denuncia, el caso sigue sin esclarecerse, y las instituciones locales como la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, no han hecho más que encubrir y entorpecer los procedimientos para la impartición de justicia, ejerciendo de esta forma, violencia institucional y promoviendo la impunidad, de acuerdo al pronunciamiento hecho por las organizaciones civiles.
