ARTICLE 19 / FUNDAR
México D.F., 30 de agosto de 2010
El martes 24 de agosto, después de una visita oficial de dieciséis días, la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Dra. Catalina Botero Marino, y el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Dr. Frank La Rue, presentaron un informe preliminar que contiene las principales conclusiones y recomendaciones al Estado mexicano. Los relatores destacaron que la asignación discrecional, arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial es uno de los principales obstáculos para el pleno goce de la libertad de expresión en el país.
• Las Relatorías de libertad de expresión de ONU y OEA recomiendan regular la asignación de la publicidad oficial en todos los niveles de gobierno
• Fundar y Artículo 19 piden al Estado cumplir con la recomendación; urge la implementación de una ley general sobre publicidad oficial.
• En Veracruz, el gasto en publicidad es considerado información reservada; en Chiapas también.
A partir de la información presentada por las Relatorías se establece de manera clara que la asignación de la publicidad es utilizada para presionar y castigar o premiar o privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas. Ambos Relatores coincidieron en que el marco jurídico existente no impide esta práctica y hace urgente la aprobación de reglas claras, objetivas, transparentes y no discriminatorias para la contratación de la publicidad. Las Relatorías señalan que este vacío jurídico afecta a los tres niveles de gobierno, particularmente a los estados, “donde la asignación de la publicidad oficial frecuentemente resulta aún más arbitraria y menos transparente”.
El informe hace especial referencia al caso de Veracruz, donde el gobierno del estado considera como información reservada su gasto en comunicación social y publicidad gubernamental. Cabe destacar que ARTICLE 19 y Fundar han impugnado la clasificación de la información como reservada y están en espera de la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Veracruz no es el único caso. El Estado de Chiapas también ha reservado su información sobre gasto en publicidad oficial.
ARTICLE 19 y Fundar han constatado que la arbitrariedad con la que se distribuye la pauta gubernamental en los tres niveles de gobierno vicia de manera estructural la relación entre medios de comunicación y gobierno. Esta práctica afecta la cantidad y calidad de información que recibe la sociedad.
ARTICLE 19 y Fundar estiman que la relación entre medios y gobierno no puede seguirse llevando sobre la base de un marco normativo casi inexistente, acuerdos no escritos y decisiones discrecionales por parte de la autoridad. El mal uso de la publicidad oficial aleja tanto al gobierno como a los medios de comunicación del papel que deben de tener en un sistema democrático.
ARTICLE 19 y Fundar exhortan al Poder ejecutivo y Legislativo a:
• Cumplir con la recomendación presentada en el informe preliminar de las Relatorías de Libertad de Expresión; la cual señala: “establecer criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de la publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno”.
• Implementar una Ley General que regule el contenido, la contratación, la distribución y la evaluación de la publicidad oficial.