Ciudad de México
Francisco Arroyo Vieyra. |
El presidente del Congreso, Francisco Arroyo Vieyra, en su calidad de diputado federal del PRI, presentó ayer una iniciativa que reforma el Artículo 1º de la Constitución, con el fin de “armonizar” el ordenamiento sobre derechos humanos que entró en vigor el 10 de junio del 2011.
Dijo que esa ley aprobada hace casi 19 meses “es una de las más importantes y categóricas de los últimos tiempos, pues representa la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a nuestra Constitución”.
Recordó que derivado de esta reforma, las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a adaptar sus criterios para la promoción y protección eficaz de los derechos humanos.
Resaltó que con dicha reforma se crea el llamado Parámetro de Control de la Regularidad Constitucional cuando se trata de la interpretación y ampliación de los derechos reconocidos en todos los tratados internacionales que sobre esta materia ha firmado México.
No obstante lo anterior, explicó, el proceso de implementación ha encontrado dificultades a raíz de una contradicción entre el primero y el segundo párrafo del Artículo 1º constitucional.
Detalló que esta contradicción debe ser resuelta por el Poder Legislativo para facilitar el trabajo del juez, que goza de la facultad de interpretar la norma suprema.
Aseguró que de la lectura del párrafo primero se advierte que los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales no podrán suspenderse ni ser restringidos ,“...salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece”.
Pero el párrafo segundo recoge la figura de “interpretación conforme y principio pro persona”, es decir, se trata de una interpretación a la luz de todas las normas en materia de derechos humanos signadas por México en el ámbito internacional, en la que el derecho humano debe garantizarse de acuerdo con el ordenamiento que más favorezca al ser humano.
“Sin embargo, este precepto, de forma aislada, deja a un lado la interpretación integral de realidades y principios previstos para sociedades concretas en las que se interpreta el derecho, así como las necesidades de regulación de cada Estado, que no significan una merma para los derechos humanos en su conjunto”.
Por esa razón, señaló, es imperativo “armonizar al ordenamiento constitucional el principio invocado”.
La iniciativa propone modificar Artículo 1º de la Constitución para quedar como sigue:
Artículo 1. “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.
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