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Acteal, Chiapas
Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que a 12 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en esta comunidad chiapaneca “la justicia aún no ha llegado plenamente”.
En relación a los violentos hechos del 22 de diciembre de 1997 registrados en esta comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó, en Chiapas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en el 2003, que “la matanza de 45 civiles indefensos/as en Acteal, perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder, (era) sin duda el incidente más dramático que se (hubiera) producido en el marco del conflicto en Chiapas” y destacó que no se había aclarado plenamente el crimen ni se había hecho justicia.
El Representante en México de la OACNUDH lamento que “esta situación permanece vigente” por lo que en la comunidad persiste una situación de desesperanza derivada de la ausencia de “una investigación a la altura de la gravedad de los hechos y que, por lo tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.
Apuntó que de acuerdo al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las investigaciones en torno al caso de Acteal existieron “diversas irregularidades durante las actuaciones practicadas en la averiguación previa” y una de las consecuencias de que las autoridades de procuración e impartición de justicia hayan vulnerado derechos procesales, que según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son indispensables para garantizar un juicio justo, es que se corre el riesgo de que el caso de la masacre de Acteal quede impune, lo cual es inadmisible.
Brunori enunció que diversos instrumentos internacionales reconocen que para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y en ese marco, exhortó a las autoridades mexicanas para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial; se garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen las medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de no repetición.
En conferencia de prensa manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse e hizo un llamado a las autoridades estatales para reforzar las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad de los pobladores de la zona.
Acteal, Chiapas
Alberto Brunori, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, consideró que a 12 años de la masacre de 45 indígenas tzotziles en esta comunidad chiapaneca “la justicia aún no ha llegado plenamente”.En relación a los violentos hechos del 22 de diciembre de 1997 registrados en esta comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó, en Chiapas, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló en el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México en el 2003, que “la matanza de 45 civiles indefensos/as en Acteal, perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder, (era) sin duda el incidente más dramático que se (hubiera) producido en el marco del conflicto en Chiapas” y destacó que no se había aclarado plenamente el crimen ni se había hecho justicia.
El Representante en México de la OACNUDH lamento que “esta situación permanece vigente” por lo que en la comunidad persiste una situación de desesperanza derivada de la ausencia de “una investigación a la altura de la gravedad de los hechos y que, por lo tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas”.
Apuntó que de acuerdo al reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las investigaciones en torno al caso de Acteal existieron “diversas irregularidades durante las actuaciones practicadas en la averiguación previa” y una de las consecuencias de que las autoridades de procuración e impartición de justicia hayan vulnerado derechos procesales, que según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos son indispensables para garantizar un juicio justo, es que se corre el riesgo de que el caso de la masacre de Acteal quede impune, lo cual es inadmisible.
Brunori enunció que diversos instrumentos internacionales reconocen que para combatir la impunidad, los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación y en ese marco, exhortó a las autoridades mexicanas para que se realice una investigación minuciosa, independiente e imparcial; se garantice el derecho individual y colectivo a conocer la verdad acerca de las circunstancias en las que se cometió la masacre y se tomen las medidas para que los familiares de las víctimas obtengan una reparación conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de no repetición.
En conferencia de prensa manifestó su preocupación por la posibilidad de que la situación de riesgo en la zona pueda recrudecerse e hizo un llamado a las autoridades estatales para reforzar las medidas necesarias a fin de garantizar la vida y la integridad de los pobladores de la zona.
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