* No logra frenar tendencia del Estado para violar los DH
Paulina Rivas Ayala
México, DF, 24 dic 2009 (CIMAC)
El sistema Ombudsman mexicano es "el más grande y costoso de América" sin embargo, a casi 20 años de su creación, es poco eficaz y no ha logrado obtener resultados satisfactorios para contrarrestar la tendencia del Estado mexicano a violar los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que se ha intensificado en las últimas fechas en el contexto de militarización del país.
Así lo demuestra el estudio "Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México. Nuevas Instituciones, viejas prácticas" realizado en 2009 por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, organización que se creó en 1999 y que ha realizado diversos estudios sobre presupuesto público e incidencia política.
En su estudio, Fundar reporta que tan sólo de 2000 a 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recibió 3 mil 985 señalamientos contra la Procuraduría General de la República (PGR) y mil 393 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A decir de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la presencia de las fuerzas castrenses en las calles, ha significado un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, convirtiéndolas en botín de guerra.
Como Cimacnoticias lo ha informado, existen casos como el de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, habitante de la Sierra de Zongolica Veracruz, quien el 26 de febrero de 2007 fue violada por militares, -- la CNDH señaló como causa de la muerte una ulcera gástrica--, otro ejemplo es el caso Castaños, Coahuila en donde, el 11 de julio de 2006, soldados violaron a 14 trabajadoras sexuales, en el que los militares fueron juzgados y consignados por la vía civil.
A pesar de ello, esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, redujo la condena carcelaria a dos de los militares presos por la violación.
En México entre 1956 y 2008, se han podido documentar atropellos sexuales, violaciones, abusos y asesinatos de al menos a 80 mujeres a manos de militares, según la presentación que hizo en septiembre de 2008, la periodista Soledad Jarquín Edgar en la Conferencia "La seguridad humana en un mundo inseguro", del Instituto por la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego, California.
Precisó que en todos estos casos los militares no fueron juzgados ni castigados, excepto en uno, donde la justicia fue parcial e incompleta, refiriéndose al caso de Castaños.
Cabe precisar que en diciembre de 2009, México recibió dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por su responsabilidad en tres casos de feminicidio y justicia militar, por lo que fue condenado a cambiar en "un plazo razonable" el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los elementos de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
REPLANTEAR ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Lo anterior ha ocurrido a pesar de que año con año el sistema Ombudsman emite recomendaciones dirigidas a dichas instituciones y de que el personal que labora en ellas recibe capacitación en materia de derechos humanos, lo que llevó a Fundar a concluir que "existe una seria necesidad de replantear sus estrategias institucionales de promoción y defensa para corregir esos patrones de abuso".
De acuerdo con el estudio de Fundar, tenemos un sistema de protección pública de los derechos humanos con "resultados insatisfactorios", a pesar de que opera con un presupuesto superior a los mil millones de pesos (sólo contando el de la CNDH y CDHDF) y esta inversión de las y los mexicanos tendría que arrojar mejores resultados.
En el estudio, Fundar reporta que tan solo en 2007, la CNDH, recibió más de 800 millones de pesos mientras que el sistema interamericano recibió casi 140 millones de pesos para operar.
A pesar de su alto presupuesto, el sistema Ombudsman compuesto por la CNDH y 32 comisiones y procuradurías en los estados y el Distrito Federal, "no ha logrado contrarrestar la tendencia del estado mexicano a violar derechos humanos e implementar políticas públicas antidemocráticas que favorecen al clima de autoritarismo y violaciones sistemáticas"
Paulina Rivas Ayala
México, DF, 24 dic 2009 (CIMAC)
El sistema Ombudsman mexicano es "el más grande y costoso de América" sin embargo, a casi 20 años de su creación, es poco eficaz y no ha logrado obtener resultados satisfactorios para contrarrestar la tendencia del Estado mexicano a violar los derechos humanos de las y los mexicanos, lo que se ha intensificado en las últimas fechas en el contexto de militarización del país.
Así lo demuestra el estudio "Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México. Nuevas Instituciones, viejas prácticas" realizado en 2009 por el Centro de Análisis e Investigación, Fundar, organización que se creó en 1999 y que ha realizado diversos estudios sobre presupuesto público e incidencia política.
En su estudio, Fundar reporta que tan sólo de 2000 a 2007, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recibió 3 mil 985 señalamientos contra la Procuraduría General de la República (PGR) y mil 393 quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A decir de organizaciones de la sociedad civil (OSC), la presencia de las fuerzas castrenses en las calles, ha significado un aumento de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, convirtiéndolas en botín de guerra.
Como Cimacnoticias lo ha informado, existen casos como el de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena de 73 años, habitante de la Sierra de Zongolica Veracruz, quien el 26 de febrero de 2007 fue violada por militares, -- la CNDH señaló como causa de la muerte una ulcera gástrica--, otro ejemplo es el caso Castaños, Coahuila en donde, el 11 de julio de 2006, soldados violaron a 14 trabajadoras sexuales, en el que los militares fueron juzgados y consignados por la vía civil.
A pesar de ello, esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, redujo la condena carcelaria a dos de los militares presos por la violación.
En México entre 1956 y 2008, se han podido documentar atropellos sexuales, violaciones, abusos y asesinatos de al menos a 80 mujeres a manos de militares, según la presentación que hizo en septiembre de 2008, la periodista Soledad Jarquín Edgar en la Conferencia "La seguridad humana en un mundo inseguro", del Instituto por la Paz y la Justicia de la Universidad de San Diego, California.
Precisó que en todos estos casos los militares no fueron juzgados ni castigados, excepto en uno, donde la justicia fue parcial e incompleta, refiriéndose al caso de Castaños.
Cabe precisar que en diciembre de 2009, México recibió dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por su responsabilidad en tres casos de feminicidio y justicia militar, por lo que fue condenado a cambiar en "un plazo razonable" el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los elementos de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos sean juzgados en tribunales civiles.
REPLANTEAR ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES
Lo anterior ha ocurrido a pesar de que año con año el sistema Ombudsman emite recomendaciones dirigidas a dichas instituciones y de que el personal que labora en ellas recibe capacitación en materia de derechos humanos, lo que llevó a Fundar a concluir que "existe una seria necesidad de replantear sus estrategias institucionales de promoción y defensa para corregir esos patrones de abuso".
De acuerdo con el estudio de Fundar, tenemos un sistema de protección pública de los derechos humanos con "resultados insatisfactorios", a pesar de que opera con un presupuesto superior a los mil millones de pesos (sólo contando el de la CNDH y CDHDF) y esta inversión de las y los mexicanos tendría que arrojar mejores resultados.
En el estudio, Fundar reporta que tan solo en 2007, la CNDH, recibió más de 800 millones de pesos mientras que el sistema interamericano recibió casi 140 millones de pesos para operar.
A pesar de su alto presupuesto, el sistema Ombudsman compuesto por la CNDH y 32 comisiones y procuradurías en los estados y el Distrito Federal, "no ha logrado contrarrestar la tendencia del estado mexicano a violar derechos humanos e implementar políticas públicas antidemocráticas que favorecen al clima de autoritarismo y violaciones sistemáticas"
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