MÉXICO, D.F.
El calendario del Consejo Rector del Pacto por México, instrumento con el que Enrique Peña Nieto amansó a las cúpulas de PAN y PRD, lo revela: La privatización del petróleo y el cobro del IVA a alimentos y medicinas se aprobarán este mismo año.
El documento no da lugar para la especulación: La reforma energética, que prevé la inversión del sector privado –nacional y extranjero– en la industria petrolera, será procesada en el primer semestre de 2013, y la reforma fiscal, que eliminará la exención del IVA a medicinas y alimentos, se concretará en la segunda parte del año.
Así, salvo que exista una movilización social contundente en contra, ambas reformas serán aprobadas en el Congreso por los grupos parlamentarios del PRI y del PAN –sin descartar al PRD en el contubernio–, aun si, en el caso del petróleo, se requiere una reforma constitucional para su privatización.
La reforma energética, que implica la cesión de la renta petrolera, ha sido una vieja ambición del PAN que en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón no pudo materializar por ineptitud y por conveniencia política del PRI, pero ahora están dadas las condiciones para consolidar la alianza para aprobarla, con el aval tácito o la oposición testimonial del PRD, socio de ambos.
Aunque con sus particularidades, es el mismo caso de la reforma fiscal y la generalización del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que por supuesto incluiría imponerlo a alimentos y medicinas. La oposición del PAN en el Senado no es creíble, menos viniendo de Ernesto Cordero, un tenaz promotor de este gravamen como secretario de Hacienda del felipato.
Sólo la propaganda oficial y oficiosa lo niega: El IVA en alimentos y medicinas representa un golpe brutal para la mayoría de los mexicanos, porque es un impuesto que afecta más a los que menos percepciones tienen y que las destinan, en el mayor porcentaje, a la alimentación y eventualmente a curarse de un padecimiento.
Una persona que percibe mil pesos al día pude destinar, sin problema, 400 pesos en alimentos y el 15% de IVA, 60 pesos más, no es tan gravoso para satisfacer otras necesidades.
Pero aumento al IVA perjudica mayormente a quien cobra 100 pesos diarios: Si destina 80 pesos a los alimentos, ese impuesto significaría pagar otros 12 pesos y sólo le quedarían ocho para proveerse, por ejemplo, de transporte y vestido.
Esto es lo que pretende Peña aplicar en el segundo semestre de este año luego de que, en la primera mitad de 2013, se apruebe la reforma energética que buscar transferir la riqueza petrolera a inversionistas nacionales y extranjeros, con el argumento de que el Estado no cuenta con recursos para su explotación.
El plan de Peña está en curso: Entre este viernes 1 de febrero, cuando inicia el primer periodo de sesiones del Congreso, y hasta el 30 de abril, cuando concluye, se presentarán las iniciativas de ley contempladas en el la “calendarización de reformas” del Pacto por México, que se propone, en el apartado 2.5, “realizar una reforma energética que sea motor de inversión y desarrollo”.
Esta calendarización establece que, en el “primer semestre de 2013”, se presentarán las iniciativas y la “culminación de implementación” será en el segundo semestre de 2013, pero la “implementación completa (estará) sujeta a la aprobación de la reforma fiscal”.
Justamente por eso, en el apartado 2.11 del calendario, se prevé “realizar una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo”, cuyas iniciativas de ley se presentarán en el segundo semestre de este año, pero cuya implementación completa –ojo– será hasta el segundo semestre de 2018, es decir, al final del gobierno de Peña.
El documento del Consejo Rector del Pacto por México, que agrupa a los presidentes de los tres principales partidos y cuyo secretario técnico es el exgobernador de Oaxaca, José Murat –operador del contubernio–, no reconoce expresamente la privatización petrolera ni que se impondrá IVA a medicinas y alimentos.
Es más, en el punto 54 aclara que “los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación”, pero todos los prominentes líderes priistas, como César Camacho Quiroz, adelantan que reformarán los documentos básicos del PRI que prohíben la inversión privada en el sector.
En el documento de 95 puntos del Pacto por México tampoco se enuncia, expresamente, que habrá un aumento del IVA y que se impondrá a alimentos y medicinas, pero eso lo sabe hasta el expresidente priista Adolfo Lugo Verduzco, quien definió esas medidas como “muy dolorosas pero necesarias”.
El plan de Peña y sus patrones ya está en marcha y todo apunta a que se aprobará en el Congreso, porque están en esta misma ruta por lo menos el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza, el partido de Elba Esther Gordillo que es más priista que nunca.
La incógnita es si la sociedad será capaz de articular un vigoroso movimiento que descarrile este plan de la derecha o, como en las elecciones del año pasado, se imponga –otra vez– el poder de las elites a una sociedad indolente y hasta masoquista…
