* Interponen denuncia ante CIDH, acusan a Sagarpa, Profepa y PGR
Opción de Veracruz Virtual
México, DF
Representantes del ejido El Consuelo en el municipio de Carichí, Chihuahua y seis organizaciones no gubernamentales más, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República (PGR), por la falta de investigación sobre el caso de entrada ilegal y transgénica en cultivos de maíz en el estado de Chihuahua, lo cual vulnera los derechos de consumidores y productores así como sus derechos culturales.
A dos años de que presentaron una primer denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento se tenga respuesta, las organizaciones El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), representantes del ejido El Consuelo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México escalaron la denuncia ante la CIDH.
"Los hechos que se denuncian son la falta de una investigación adecuada y la ausencia de un recurso legal efectivo en materia de Organismos Genéticamente Modificados lo cual vulnera los derechos de los consumidores y productores, así como el derecho a la propiedad y el derecho a la información además de atentar contra derechos como un debido proceso legal, acceso a la justicia y derechos culturales", explicó Luz Esthela Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
“Recurrimos a una instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando la normatividad existente, haciendo patente que aún falta mejorar la legislación vigente, aplicarla y terminar de instalar los debidos mecanismos de control y vigilancia en materia de bioseguridad”, expresó Pedro Torres, presidente del Frente Democrático Campesino.
“México es reconocido como centro de origen y diversidad genética del maíz y se ha recomendado ampliamente su protección; a pesar de esto, en 2007 se sembró, de manera ilegal, maíz transgénico en el Valle de Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, razón por la cual acudimos a la PGR a fin de que se hicieran las indagaciones necesarias por tratarse de conductas que atentan contra la bioseguridad. Los resultados no fueron los esperados, observamos dilación y falta de pericia en la investigación lo cual constituye un primer punto de nuestra denuncia”, informó Gabino Gómez, dirigente de El Barzón Chihuahua.
“A pesar de que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) establece la protección para el maíz, el gobierno mexicano ha aprobado un reglamento y un marco normativo que en conjunto no protege al maíz nacional frente a las variedades genéticamente modificadas, por el contrario, pone en riesgo varios de los derechos de productores y consumidores y no respeta el principio precautorio que debe regir a este tipo de disposiciones", declaró Victoria Beltrán del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“Los productores quedamos expuestos a que se contamine nuestro maíz, ante la contaminación transgénica detectada desde 2003-4 (1) y la contaminación confirmada en 2008 en algunos campos menonitas donde se recolectaron muestras. El resultado de esos muestreos se canalizó al gobierno del Estado y a la Sagarpa; solicitamos que se declare la Sierra Tarahumara libre de transgénicos, y que se organice la ayuda alimentaria de maíz que da el gobierno a las comunidades para su alimentación, con base en la compra de maíz a productores mexicanos que garanticen que el grano es de origen local, con precios justos, y mercados regionales ya que el grano que entrega desde el 2003 viene contaminado con maíz transgénicos. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta”, denunció Florencio Cruz Cortés, representante del ejido El Consuelo.
“El caso de Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva y voluntad política del gobierno mexicano para detener la contaminación transgénica del maíz mexicano. Es inadmisible que en un centro de origen y de diversidad genética, como lo es México para el maíz, el gobierno federal falle en aplicar efectivamente la legislación ambiental. La tardanza de dos años tres meses entre el primer anuncio de siembra ilegal y las primeras actuaciones de la autoridad han puesto en riesgo a las 23 razas y el resto de variedades locales de maíz que se encuentran en el estado de Chihuahua”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
La denuncia presentada ante la CIDH este 2 de febrero del presente año está fundamentada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Representantes del ejido El Consuelo en el municipio de Carichí, Chihuahua y seis organizaciones no gubernamentales más, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Procuraduría General de la República (PGR), por la falta de investigación sobre el caso de entrada ilegal y transgénica en cultivos de maíz en el estado de Chihuahua, lo cual vulnera los derechos de consumidores y productores así como sus derechos culturales.A dos años de que presentaron una primer denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta el momento se tenga respuesta, las organizaciones El Barzón, Frente Democrático Campesino, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (Contec), representantes del ejido El Consuelo, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Greenpeace México escalaron la denuncia ante la CIDH.
"Los hechos que se denuncian son la falta de una investigación adecuada y la ausencia de un recurso legal efectivo en materia de Organismos Genéticamente Modificados lo cual vulnera los derechos de los consumidores y productores, así como el derecho a la propiedad y el derecho a la información además de atentar contra derechos como un debido proceso legal, acceso a la justicia y derechos culturales", explicó Luz Esthela Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
“Recurrimos a una instancia internacional para evidenciar la falta de actuación del gobierno mexicano ante la introducción y siembra ilegal de maíz transgénico a territorio nacional, violando la normatividad existente, haciendo patente que aún falta mejorar la legislación vigente, aplicarla y terminar de instalar los debidos mecanismos de control y vigilancia en materia de bioseguridad”, expresó Pedro Torres, presidente del Frente Democrático Campesino.
“México es reconocido como centro de origen y diversidad genética del maíz y se ha recomendado ampliamente su protección; a pesar de esto, en 2007 se sembró, de manera ilegal, maíz transgénico en el Valle de Cuauhtémoc en el estado de Chihuahua, razón por la cual acudimos a la PGR a fin de que se hicieran las indagaciones necesarias por tratarse de conductas que atentan contra la bioseguridad. Los resultados no fueron los esperados, observamos dilación y falta de pericia en la investigación lo cual constituye un primer punto de nuestra denuncia”, informó Gabino Gómez, dirigente de El Barzón Chihuahua.
“A pesar de que la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) establece la protección para el maíz, el gobierno mexicano ha aprobado un reglamento y un marco normativo que en conjunto no protege al maíz nacional frente a las variedades genéticamente modificadas, por el contrario, pone en riesgo varios de los derechos de productores y consumidores y no respeta el principio precautorio que debe regir a este tipo de disposiciones", declaró Victoria Beltrán del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
“Los productores quedamos expuestos a que se contamine nuestro maíz, ante la contaminación transgénica detectada desde 2003-4 (1) y la contaminación confirmada en 2008 en algunos campos menonitas donde se recolectaron muestras. El resultado de esos muestreos se canalizó al gobierno del Estado y a la Sagarpa; solicitamos que se declare la Sierra Tarahumara libre de transgénicos, y que se organice la ayuda alimentaria de maíz que da el gobierno a las comunidades para su alimentación, con base en la compra de maíz a productores mexicanos que garanticen que el grano es de origen local, con precios justos, y mercados regionales ya que el grano que entrega desde el 2003 viene contaminado con maíz transgénicos. Sin embargo, no hubo ninguna respuesta”, denunció Florencio Cruz Cortés, representante del ejido El Consuelo.
“El caso de Chihuahua es evidencia contundente de la falta de capacidad efectiva y voluntad política del gobierno mexicano para detener la contaminación transgénica del maíz mexicano. Es inadmisible que en un centro de origen y de diversidad genética, como lo es México para el maíz, el gobierno federal falle en aplicar efectivamente la legislación ambiental. La tardanza de dos años tres meses entre el primer anuncio de siembra ilegal y las primeras actuaciones de la autoridad han puesto en riesgo a las 23 razas y el resto de variedades locales de maíz que se encuentran en el estado de Chihuahua”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
La denuncia presentada ante la CIDH este 2 de febrero del presente año está fundamentada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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