* Por el mandato de crear un banco digital
Paulina Rivas Ayala CIMAC
México, DF, 19 febrero 2010
Algunas de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por 3 asesinatos por cuestiones de género en Campo Algodonero de Ciudad Juárez, podrían ser aplicadas en la formulación y transformación de leyes en la región latinoamericana en donde la violencia contra las mujeres también es recurrente.
Así lo explicaron hoy David Peña y Karla Micheel Salas, representantes legales de las familias de las víctimas ante la CoIDH, durante la conferencia “Consideraciones para impulsar un caso de feminicidio a nivel interamericano, ruta de argumentación Belém do Pará. Campo Algodonero vs México, contenido, resolutivos, protocolos, alcances y trascendencia en la región".
Durante dicha exposición, parte de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, Salas y Peña, indicaron que la sentencia comprende y mandata la construcción específica de protocolos de investigación y capacitación de los funcionarios encargados de la procuración de justicia y pueden servir como modelo para aplicarlos en la región.
David Peña indicó que la sentencia de la Corte contra México sienta un precedente en toda la región para otros casos parecidos que lleguen a la CoIDH, puesto que es la primera sentencia con perspectiva de género en el continente, y reconoce que los asesinatos por cuestiones de género en México obedecen a una situación estructural.
Además la CoIDH dictó su fallo con "una vocación transformadora" y no sólo mediante una reparación integral que significaría el regreso al ambiente de violencia estructural que el mismo Estado reconoció en la audiencia ante el máximo tribunal de justicia del continente.
La vocación transformadora, indicó David Peña, tiene que ver con la obligación del Estado de respetar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres por lo que debe modificar "por todos los medios posibles" la violencia, discriminación que se vive en Juárez por cuestiones de género.
La Corte reconoció la violencia sistemática que existe en Ciudad Juárez y la falta de investigación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres por lo que determinó que "la impunidad es causa y consecuencia de los homicidios por cuestiones de género" indicó el abogado.
Por lo tanto, indicó Karla Micheel, los asesinatos no pueden investigarse de manera aislada pues obedecen a un clima sistemático de violencia e impunidad que propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos.
Al momento en que la Corte reconoció el contexto de violencia de género impune en Ciudad Juárez Chihuahua, indicó Karla Micheel Salas, se ponen a la vista también los otros homicidios pues "los crímenes no pueden investigarse de una manera aislada pues obedecen a una situación estructural de violencia de la que es Estado es responsable".
Uno de los mandatos con mayor relevancia es la reconstrucción de protocolos de investigación en casos de asesinatos de mujeres y violencia de género, los cuales deberán ser renovados con base en protocolos internacionales de investigación como el de Estambul, el Manual sobre Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.
El nuevo protocolo debe ser aplicado por funcionarios capacitados y sensibilizados mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.
Por lo anterior, el Estado debe implementar programas de capacitación a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares con el fin de "superar los estereotipos sociales sobre el rol social de las mujeres", de ello debe entregar un informe anual por tres años ante la CoIDH a cerca de los avances, explicó el abogado.
También debe implementar programas educativos con el fin de superar la discriminación de las mujeres en el estado de Chihuahua. El fallo tiene una incidencia no sólo en el estado de Chihuahua y en Juárez sino en todo el territorio nacional puesto que mandata la creación de un banco digital, en el plazo de un año, en donde se guarden datos genéticos y forenses de las mujeres asesinadas de todas las entidades federativas y de familiares que busquen a sus hijas para tener un mayor control, esto podrían incluso influir en investigaciones de desapariciones por delitos como trata de personas, explicó David Peña.
Estos mandatos podrían ser tomados como referencia en los países de la región como una forma de transformar la realidad y los estereotipos que giran en torno a las mujeres y frenar el feminicidio en nuestros países, concluyeron Salas y Peña.
Paulina Rivas Ayala CIMAC
México, DF, 19 febrero 2010
Algunas de las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por 3 asesinatos por cuestiones de género en Campo Algodonero de Ciudad Juárez, podrían ser aplicadas en la formulación y transformación de leyes en la región latinoamericana en donde la violencia contra las mujeres también es recurrente.
Así lo explicaron hoy David Peña y Karla Micheel Salas, representantes legales de las familias de las víctimas ante la CoIDH, durante la conferencia “Consideraciones para impulsar un caso de feminicidio a nivel interamericano, ruta de argumentación Belém do Pará. Campo Algodonero vs México, contenido, resolutivos, protocolos, alcances y trascendencia en la región".
Durante dicha exposición, parte de la Campaña Regional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres, Salas y Peña, indicaron que la sentencia comprende y mandata la construcción específica de protocolos de investigación y capacitación de los funcionarios encargados de la procuración de justicia y pueden servir como modelo para aplicarlos en la región.
David Peña indicó que la sentencia de la Corte contra México sienta un precedente en toda la región para otros casos parecidos que lleguen a la CoIDH, puesto que es la primera sentencia con perspectiva de género en el continente, y reconoce que los asesinatos por cuestiones de género en México obedecen a una situación estructural.
Además la CoIDH dictó su fallo con "una vocación transformadora" y no sólo mediante una reparación integral que significaría el regreso al ambiente de violencia estructural que el mismo Estado reconoció en la audiencia ante el máximo tribunal de justicia del continente.
La vocación transformadora, indicó David Peña, tiene que ver con la obligación del Estado de respetar y garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres por lo que debe modificar "por todos los medios posibles" la violencia, discriminación que se vive en Juárez por cuestiones de género.
La Corte reconoció la violencia sistemática que existe en Ciudad Juárez y la falta de investigación, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres por lo que determinó que "la impunidad es causa y consecuencia de los homicidios por cuestiones de género" indicó el abogado.
Por lo tanto, indicó Karla Micheel, los asesinatos no pueden investigarse de manera aislada pues obedecen a un clima sistemático de violencia e impunidad que propicia la repetición crónica de las violaciones a derechos humanos.
Al momento en que la Corte reconoció el contexto de violencia de género impune en Ciudad Juárez Chihuahua, indicó Karla Micheel Salas, se ponen a la vista también los otros homicidios pues "los crímenes no pueden investigarse de una manera aislada pues obedecen a una situación estructural de violencia de la que es Estado es responsable".
Uno de los mandatos con mayor relevancia es la reconstrucción de protocolos de investigación en casos de asesinatos de mujeres y violencia de género, los cuales deberán ser renovados con base en protocolos internacionales de investigación como el de Estambul, el Manual sobre Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.
El nuevo protocolo debe ser aplicado por funcionarios capacitados y sensibilizados mediante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.
Por lo anterior, el Estado debe implementar programas de capacitación a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares con el fin de "superar los estereotipos sociales sobre el rol social de las mujeres", de ello debe entregar un informe anual por tres años ante la CoIDH a cerca de los avances, explicó el abogado.
También debe implementar programas educativos con el fin de superar la discriminación de las mujeres en el estado de Chihuahua. El fallo tiene una incidencia no sólo en el estado de Chihuahua y en Juárez sino en todo el territorio nacional puesto que mandata la creación de un banco digital, en el plazo de un año, en donde se guarden datos genéticos y forenses de las mujeres asesinadas de todas las entidades federativas y de familiares que busquen a sus hijas para tener un mayor control, esto podrían incluso influir en investigaciones de desapariciones por delitos como trata de personas, explicó David Peña.
Estos mandatos podrían ser tomados como referencia en los países de la región como una forma de transformar la realidad y los estereotipos que giran en torno a las mujeres y frenar el feminicidio en nuestros países, concluyeron Salas y Peña.
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