(EL UNIVERSAL)
México, D.F.
Gran parte de los recién electos gobernadores recibirán una "bomba de tiempo" para responder a diversos compromisos de deuda contraídos durante las administración previas a su gestión.
Nueve futuros mandatarios estatales encontrarán en sus arcas un balance con una mayor deuda y algunos de ellos tendrán bajo su tutela el vencimiento de pagos a solventar.
Veracruz, Puebla y Oaxaca son los ejemplos más emblemáticos en el repunte de la deuda pública local.
Hubo otras entidades como Sinaloa y Tamaulipas donde los pasivos disminuyeron.
Hidalgo es un estado que aumentó su deuda para la infraestructura de la refinería de Pemex, lo cual le dejó nulo margen para aumentar su pasivo.
El estado de Tlaxcala es la única entidad que renueva gobierno y que mantiene su balance "sin deuda".
Durante el mandato de los gobernadores salientes se realizaron actos de bursatilización que ataron a futuras recaudaciones, como la tenencia, el impuesto sobre nóminas, programas carreteros o aportaciones, entre otros.
Marco Cancino, experto en finanzas públicas del Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC), sostuvo que los gobernadores salientes dejan una "bomba de tiempo".
"Les dejan una 'bomba de tiempo' a los siguientes gobiernos porque no se sabe en qué utilizaron los recursos, y si esos gobiernos no generan nuevos ingresos en el corto y mediano plazos para financiar el pago de esa deuda, que puede absorber gran parte de los recursos disponibles de un estado, hasta 20% de los recursos, eso es realmente catastrófico para un gobierno estatal".
Agregó que cuando se pide un crédito, inmediatamente entra como financiamiento, pero en el siguiente año ya se contabiliza como deuda.
Veracruz es el caso más emblemático, ya que la administración del mandatario saliente, Fidel Herrera Beltrán, disparó los pasivos y dejó la mayor deuda entre los gobiernos que este domingo se eligieron.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, Veracruz tenía una deuda pública de 4 mil 159 millones de pesos en 2004 , pero las bursatilizaciones hicieron que el pasivo creciera a 6 mil 845 millones de pesos.
En este caso, la emisión de certificados bursátiles fueron respaldados con 100% de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia, en un plazo de 30 años.
"El caso de la bursatilización de la tenencia por Veracruz es un asunto muy ilustrativo, porque ya capturó los recursos provenientes de tenencia por 30 años y ya se gastaron en infraestructura, que se pudo utilizar con fines electorales o no.
Eso no lo podemos saber", expuso el especialista Marco Cancino, de CIDAC.
A partir del 31 de diciembre de 2011, la tenencia federal quedará eliminada.
Cancino agregó que con esta situación el futuro gobernador veracruzano tendrá que plantear un impuesto similar a la tenencia que le permita obtener los recursos que recibía en materia federal.
Por lo pronto, a mediados de agosto de 2009, Fitch Ratings ajustó la calidad crediticia de Veracruz.
En el argumento se plantea un "creciente saldo de cuentas por pagar", por lo que los niveles de endeudamiento relativo y sostenibilidad del servicio de la deuda esperado son sustancialmente superiores a los observados en ejercicios anteriores.
El gobernador de Puebla, Mario Marín, dejará un endeudamiento que hasta 2008, último dato disponible, se ubicó en 3 mil 350 millones de pesos, cuando en 2005 no se tenía un registro.
La agencia Fitch dijo que Puebla comenzará a amortizar capital a partir de agosto de 2011, un semestre después de que el mandatario deje el cargo.
Agregó que los vencimientos de dos créditos son en 2027 y 2033, donde la fuente de pago son los ingresos totales, incluidas participaciones y aportaciones federales, respectivamente.
La calificadora Standard & Poor's consideró que la deuda poblana es "conservadora" y su pago está garantizado con 6.5% de participaciones federales.
"De no contratar deuda adicional para 2010 y 2011, nuestra expectativa es que el servicio de la deuda de Puebla se mantenga por debajo de 3% de sus ingresos discrecionales", agregó el analista.
El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, recurrió a bursatilizaciones y empréstitos que se ataron 100% a la recaudación de la tenencia y en 19.5% al Fondo General de Participaciones.
De acuerdo con Fitch Ratings, Oaxaca tenía 506 millones de pesos de deuda en 2006, pero hasta el año pasado ya contabilizaba 4 mil 125 millones, el segundo pasivo más alto entre las entidades que celebraron comicios este domingo.
"Altos niveles de apalancamiento con respecto a los ingresos disponibles y el ahorro interno" es una de las limitantes para la calificación, dijo Fitch.
La deuda, una limitante El gobierno de Hidalgo, que comanda Miguel Ángel Osorio Chong, tiene contabilizada una deuda pública local que pasó de 2 mil 549 millones de pesos en 2005 a 3 mil 900 millones de pesos al cierre de 2009.
Standard & Poor's planteó que la autorización del Congreso para que el gobierno contrate un crédito por mil 500 millones de pesos para la adquisición de los terrenos de la nueva refinería de Pemex le dejó poco margen para que la entidad incremente su deuda pública en los siguientes años.
"La deuda directa de 3 mil 900 millones de pesos equivale, aproximadamente, a 60% de sus ingresos discrecionales", sostuvo la firma.
El gobierno de Chihuahua tiene un saldo de deuda pública directa de 3 mil 107 millones de pesos al primer semestre de 2009.
La administración de José Reyes Baeza contabiliza también bursatilizaciones por 4 mil 799 millones de pesos que están atados a peajes carreteros y remanentes, cuyos vencimientos son en la administración entrante.
"El servicio de la deuda podría consumir entre un 20% y 25% del ahorro interno", según la calificadora Fitch.
El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, asumió el poder con una deuda pública local de 967 millones de pesos, registro que se tiene en 2005.
Al dejar el cargo, el mandatario estatal heredará un endeudamiento de 2 mil 343 millones de pesos, recursos contabilizados hasta el 28 de febrero de 2010, según Fitch Ratings.
De esa deuda, mil 433 millones de pesos son de un crédito con vencimiento en 2022, donde 80% de la fuente de pago es del Impuesto Sobre Nóminas.
El resto de la deuda la componen cuatro créditos con vencimientos entre 2013 y 2024.
"En 2009, el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) ascendió a 237 millones 100 mil pesos, equivalentes a 24.3% del AI", detalló Fitch.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings expone como una de las limitantes de la calificación el alto nivel de endeudamiento, aunque con un perfil de vencimiento de largo plazo.
El gobierno de Durango, de Ismael Hernández, tuvo un ligero incremento de su deuda pública local de 2 mil 580 millones de pesos en 2004 a 2 mil 964 millones de pesos en 2008.
Fitch planteó que los "elevados niveles de deuda como proporción de sus ingresos disponibles y ahorro interno" son limitantes en su calificación.
Quintana Roo es un gobierno que casi dobló su deuda en la administración de Félix González Canto, al pasar de mil 257 millones de pesos en 2005 a 2 mil 319 millones de pesos en 2008, última cifra disponible hasta el momento.
En su balance, las calificadoras estiman que tiene un nivel de endeudamiento que es manejable.
El gobierno de Zacatecas, de Amalia García, tiene un endeudamiento de 543 millones de pesos, la cual es adecuada, por lo que Standard & Poor's considera que en los siguientes dos años podría contratar más recursos.
En Tamaulipas se tenía registro de un monto bajo de deuda que se podría incrementar una vez que el Congreso autorizó un débito de hasta 6 mil millones de pesos para pagarse a 30 años con cargo al Impuesto sobre Nóminas.
Sinaloa tiene atada su deuda al 30% de las participaciones, donde la observación de Fitch es que es manejable y con perfil de largo plazo.
Tlaxcala es una entidad que permanece sin endeudamiento.
¿Qué hacer? Cancino planteó que los futuros gobernadores, tan pronto asuman sus funciones, tendrán que sanear las finanzas públicas de sus entidades y orientar el gasto hacia la inversión.
"El invertir en infraestructura les puede generar ingresos suficientes para poder responder al pago de la deuda que les dejan los gobernantes salientes", sostuvo el especialista de CIDAC.
Agregó que la mejor estrategia que tendrán los gobiernos estatales es poder tener la capacidad de generar ingresos propios y no depender de los recursos de la federación.
Una segunda recomendación, expuso Cancino, es cuidar los niveles de deuda para que estén apalancados con los ingresos, pero no sólo los que reciben a través de las transferencias federales.
Bajo esas condiciones –dijo-, los gobernadores entrantes deberán hacer un esfuerzo de ingeniería financiera, que les permita contar con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos por las anteriores administraciones y así cumplir con ellos en tiempo y forma.
Nueve futuros mandatarios estatales encontrarán en sus arcas un balance con una mayor deuda y algunos de ellos tendrán bajo su tutela el vencimiento de pagos a solventar.
Veracruz, Puebla y Oaxaca son los ejemplos más emblemáticos en el repunte de la deuda pública local.
Hubo otras entidades como Sinaloa y Tamaulipas donde los pasivos disminuyeron.
Hidalgo es un estado que aumentó su deuda para la infraestructura de la refinería de Pemex, lo cual le dejó nulo margen para aumentar su pasivo.
El estado de Tlaxcala es la única entidad que renueva gobierno y que mantiene su balance "sin deuda".
Durante el mandato de los gobernadores salientes se realizaron actos de bursatilización que ataron a futuras recaudaciones, como la tenencia, el impuesto sobre nóminas, programas carreteros o aportaciones, entre otros.
Marco Cancino, experto en finanzas públicas del Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC), sostuvo que los gobernadores salientes dejan una "bomba de tiempo".
"Les dejan una 'bomba de tiempo' a los siguientes gobiernos porque no se sabe en qué utilizaron los recursos, y si esos gobiernos no generan nuevos ingresos en el corto y mediano plazos para financiar el pago de esa deuda, que puede absorber gran parte de los recursos disponibles de un estado, hasta 20% de los recursos, eso es realmente catastrófico para un gobierno estatal".
Agregó que cuando se pide un crédito, inmediatamente entra como financiamiento, pero en el siguiente año ya se contabiliza como deuda.
Veracruz es el caso más emblemático, ya que la administración del mandatario saliente, Fidel Herrera Beltrán, disparó los pasivos y dejó la mayor deuda entre los gobiernos que este domingo se eligieron.
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, Veracruz tenía una deuda pública de 4 mil 159 millones de pesos en 2004 , pero las bursatilizaciones hicieron que el pasivo creciera a 6 mil 845 millones de pesos.
En este caso, la emisión de certificados bursátiles fueron respaldados con 100% de la recaudación del Impuesto sobre Tenencia, en un plazo de 30 años.
"El caso de la bursatilización de la tenencia por Veracruz es un asunto muy ilustrativo, porque ya capturó los recursos provenientes de tenencia por 30 años y ya se gastaron en infraestructura, que se pudo utilizar con fines electorales o no.
Eso no lo podemos saber", expuso el especialista Marco Cancino, de CIDAC.
A partir del 31 de diciembre de 2011, la tenencia federal quedará eliminada.
Cancino agregó que con esta situación el futuro gobernador veracruzano tendrá que plantear un impuesto similar a la tenencia que le permita obtener los recursos que recibía en materia federal.
Por lo pronto, a mediados de agosto de 2009, Fitch Ratings ajustó la calidad crediticia de Veracruz.
En el argumento se plantea un "creciente saldo de cuentas por pagar", por lo que los niveles de endeudamiento relativo y sostenibilidad del servicio de la deuda esperado son sustancialmente superiores a los observados en ejercicios anteriores.
El gobernador de Puebla, Mario Marín, dejará un endeudamiento que hasta 2008, último dato disponible, se ubicó en 3 mil 350 millones de pesos, cuando en 2005 no se tenía un registro.
La agencia Fitch dijo que Puebla comenzará a amortizar capital a partir de agosto de 2011, un semestre después de que el mandatario deje el cargo.
Agregó que los vencimientos de dos créditos son en 2027 y 2033, donde la fuente de pago son los ingresos totales, incluidas participaciones y aportaciones federales, respectivamente.
La calificadora Standard & Poor's consideró que la deuda poblana es "conservadora" y su pago está garantizado con 6.5% de participaciones federales.
"De no contratar deuda adicional para 2010 y 2011, nuestra expectativa es que el servicio de la deuda de Puebla se mantenga por debajo de 3% de sus ingresos discrecionales", agregó el analista.
El gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, en Oaxaca, recurrió a bursatilizaciones y empréstitos que se ataron 100% a la recaudación de la tenencia y en 19.5% al Fondo General de Participaciones.
De acuerdo con Fitch Ratings, Oaxaca tenía 506 millones de pesos de deuda en 2006, pero hasta el año pasado ya contabilizaba 4 mil 125 millones, el segundo pasivo más alto entre las entidades que celebraron comicios este domingo.
"Altos niveles de apalancamiento con respecto a los ingresos disponibles y el ahorro interno" es una de las limitantes para la calificación, dijo Fitch.
La deuda, una limitante El gobierno de Hidalgo, que comanda Miguel Ángel Osorio Chong, tiene contabilizada una deuda pública local que pasó de 2 mil 549 millones de pesos en 2005 a 3 mil 900 millones de pesos al cierre de 2009.
Standard & Poor's planteó que la autorización del Congreso para que el gobierno contrate un crédito por mil 500 millones de pesos para la adquisición de los terrenos de la nueva refinería de Pemex le dejó poco margen para que la entidad incremente su deuda pública en los siguientes años.
"La deuda directa de 3 mil 900 millones de pesos equivale, aproximadamente, a 60% de sus ingresos discrecionales", sostuvo la firma.
El gobierno de Chihuahua tiene un saldo de deuda pública directa de 3 mil 107 millones de pesos al primer semestre de 2009.
La administración de José Reyes Baeza contabiliza también bursatilizaciones por 4 mil 799 millones de pesos que están atados a peajes carreteros y remanentes, cuyos vencimientos son en la administración entrante.
"El servicio de la deuda podría consumir entre un 20% y 25% del ahorro interno", según la calificadora Fitch.
El gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, asumió el poder con una deuda pública local de 967 millones de pesos, registro que se tiene en 2005.
Al dejar el cargo, el mandatario estatal heredará un endeudamiento de 2 mil 343 millones de pesos, recursos contabilizados hasta el 28 de febrero de 2010, según Fitch Ratings.
De esa deuda, mil 433 millones de pesos son de un crédito con vencimiento en 2022, donde 80% de la fuente de pago es del Impuesto Sobre Nóminas.
El resto de la deuda la componen cuatro créditos con vencimientos entre 2013 y 2024.
"En 2009, el servicio de la deuda (intereses y amortizaciones) ascendió a 237 millones 100 mil pesos, equivalentes a 24.3% del AI", detalló Fitch.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings expone como una de las limitantes de la calificación el alto nivel de endeudamiento, aunque con un perfil de vencimiento de largo plazo.
El gobierno de Durango, de Ismael Hernández, tuvo un ligero incremento de su deuda pública local de 2 mil 580 millones de pesos en 2004 a 2 mil 964 millones de pesos en 2008.
Fitch planteó que los "elevados niveles de deuda como proporción de sus ingresos disponibles y ahorro interno" son limitantes en su calificación.
Quintana Roo es un gobierno que casi dobló su deuda en la administración de Félix González Canto, al pasar de mil 257 millones de pesos en 2005 a 2 mil 319 millones de pesos en 2008, última cifra disponible hasta el momento.
En su balance, las calificadoras estiman que tiene un nivel de endeudamiento que es manejable.
El gobierno de Zacatecas, de Amalia García, tiene un endeudamiento de 543 millones de pesos, la cual es adecuada, por lo que Standard & Poor's considera que en los siguientes dos años podría contratar más recursos.
En Tamaulipas se tenía registro de un monto bajo de deuda que se podría incrementar una vez que el Congreso autorizó un débito de hasta 6 mil millones de pesos para pagarse a 30 años con cargo al Impuesto sobre Nóminas.
Sinaloa tiene atada su deuda al 30% de las participaciones, donde la observación de Fitch es que es manejable y con perfil de largo plazo.
Tlaxcala es una entidad que permanece sin endeudamiento.
¿Qué hacer? Cancino planteó que los futuros gobernadores, tan pronto asuman sus funciones, tendrán que sanear las finanzas públicas de sus entidades y orientar el gasto hacia la inversión.
"El invertir en infraestructura les puede generar ingresos suficientes para poder responder al pago de la deuda que les dejan los gobernantes salientes", sostuvo el especialista de CIDAC.
Agregó que la mejor estrategia que tendrán los gobiernos estatales es poder tener la capacidad de generar ingresos propios y no depender de los recursos de la federación.
Una segunda recomendación, expuso Cancino, es cuidar los niveles de deuda para que estén apalancados con los ingresos, pero no sólo los que reciben a través de las transferencias federales.
Bajo esas condiciones –dijo-, los gobernadores entrantes deberán hacer un esfuerzo de ingeniería financiera, que les permita contar con los recursos necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos por las anteriores administraciones y así cumplir con ellos en tiempo y forma.
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