Me cuesta mucho creer en los discursos políticos: Sac Nicté García

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Sac Nicté García en Andorra.

Sac-Nicté García (México DF, 1982) llegó por primera vez a Andorra en 2010 para visitar a su pareja, al que conoció haciendo el Camino de Santiago. García es realizadora audiovisual y recientemente puso en marcha su productora, Producciones Peregrinas. Antes de instalarse definitivamente en Andorra ya vivía en Barcelona. Habla y escribe un catalán perfecto.

-¿Cuál es su afición preferida? -Me Encanta leer y también hacer paseos por la montaña. Andorra es él lugar ideal para combinar estas aficiones.

-¿Con qué entidades colabora? -Colaboro Con la ONG cooperando con Latinoamérica y también soy voluntaria de la Cruz Roja. Ah, y también con una asociación cultural en Barcelona: la BiblioMusiCineteca.

-¿Qué es lo que más le gusta de Andorra?

Lo Que me ha enamorado de este país es el paisaje, sus montañas. También he ido descubriendo la maravilla de caminar horas por algunos lugares sin encontrarte nadie, el silencio y la paz que ello conlleva. Y también valoro muchísimo la seguridad de que se respira en el país. Caminar de madrugada sin miedo es una sensación que no tiene precio.

-¿Y lo que menos le gusta?

Algunas Políticas sociales muy conservadoras. Que haya temas tabú como, por ejemplo, el aborto.

-¿Cuál es su rincón favorito del país?

Durante Mucho tiempo lo fue el lago de Engolasters, pero ahora creo que el valle de Incles me tiene cautivada.

- ¿Reciclar?

Y tanto! Soy una fanática del reciclaje, y me gustaría poder ir más allá de separar la basura: reciclaje de aguas, de muebles, de comida. Somos una sociedad que tira mucho y me cuesta mucho adaptarme. Vengo de un país en el que antes de deshacernos de la nevera pasa por manos de un manitas que la arregla. Pero, claro, esto es producto de la necesidad. -

-¿Está de acuerdo en pagar el IRPF?

Sí, si este impuesto revierte positivamente en la sociedad.
-Le Satisface el modelo sanitario?
 -De Momento sí. La verdad es que he tenido pocas visitas a los médicos, afortunadamente, y en estas todo ha ido muy bien.

- ¿Comprar en Andorra es barato? 

Tengo la sensación de que la comida y cosas para el hogar son más caras que en España. De electrónica compro muy poca y no sé si hay diferencia.

- ¿Le interesa la política andorrana?

Sí, Claro que las decisiones políticas nos afectan a todos. Aunque me cuesta mucho creer en los discursos políticos. La vivo con mucho desencanto.

- ¿Está pegada al móvil?

No. He aprendido a vivir desconectada y cuando vuelvo a estar conectada veo que el mundo no se ha acabado y que la Tierra sigue girando.

-¿Cuál es el programa de televisión que más le gusta?

-Me engancho con los programas de cocina, sin distinción . Y cualquier serie de investigaciones criminales, no sigo ninguna en concreto. La que hagan a la televisión en ese momento, me es igual cuál.

- ¿Practica algún deporte?

Empecé a correr hace cinco años. Primero no podía hacerse más de cinco minutos y ahora ya he hecho varias carreras de 10 kilómetros, y para mí es un orgullo! Además, fue el pretexto perfecto para dejar de fumar. Mi sueño es hacer una maratón pero me falta mucho todavía. Ah, y el año pasado empecé a entrenar voleibol con el CCVA. Soy muy mala pero me divierto mucho y mis compañeras tienen mucha paciencia!

- ¿Ahorro?

Sí, cada mes guardo un poco en el banco y también tengo una hucha en casa, el clásico cerdito de porcelana. Una vez entre monedas de céntimo ahorré unos ¡80 euros! 

“No es lo mismo que muera un reportero donde solo hay 30 que en donde hay 8 mil como en Veracruz”: Nemi Dib

Ángel García
Xalapa, Veracruz 

El secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Juan Antonio Nemi Dib, mencionó que no es lo mismo que muera un reportero a causa de su trabajo en una Entidad con 30 o 40 medios como Aguascalientes en comparación de Veracruz, donde hay alrededor de 8 mil personas de planta en ejercicios de comunicación y miles de medios distribuidos a lo largo y ancho de su territorio.

Entrevistado en el marco de la firma de convenio con Agrupaciones Religiosas en Materia de Cultura Cívica y Prevención del Delito, en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, destacó que muchos de los casos de reporteros asesinados los responsables se encuentran sujetos a procesos penales, sin omitir sus sentencias, lo que habla de que se ha hecho justicia.

Además, señaló que hay ocho casos de reporteros fallecidos en la Entidad que son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de hechos del fuero federal.

Citó como ejemplo el caso de la reportera Regina Martínez, de quien se sabe la identidad del segundo involucrado en su muerte, mientras que el primero purga una sentencia sin que sus abogados insistan en su inocencia.

Sostuvo que basta con que un solo reportero sea victimado para que agravie a la sociedad, al igual que pasaría con cualquier otra personas que sufra un delito y con ello permitir que los veracruzanos se sientan agraviados.

Citó que del número total de personas fallecidas que realizaban labores de carácter periodístico o de comunicación lo primero que se debe hacer es identificar cuántas de esas murieron a causa de su función profesional, pues sólo de esa manera quedará en claro si hay un riesgo o no por ejercer la labor de informar.

Dijo que la constitución prohíbe de manera enfática los fueros y que por ello no es posible crear uno para dar una protección especial y distinta a los reporteros, salvo cuando se trata de riesgos asociados con su profesión.

Las falsas expectativas de la protección a periodistas

• La publicación de la ley por la que se crea el Mecanismo de Protección a Periodistas en el DF, un mes después de su aprobación y en un contexto adverso para la libertad de expresión en el país, genera muchas dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección. Es imposible no preguntarse si esta vez se respetarán los tiempos de los transitorios para implementar la ley, también si no se trata de oportunismo político que derive en represión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en esta ciudad.

Gabriel Soto (@gsotoc)

El 10 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal[1]; como si fuera un truco de magia, esta ley se publicó en medio del contexto del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte.

Sin embargo, no se trata de sacar el conejo del sombrero, esta ley se remonta a unos cuatro años atrás, cuando la administración pasada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) denotó la necesidad de brindar refugio a periodistas y personas defensoras desplazadas por el contexto de violencia del país. Por ello, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, se inició un diálogo con la Subsecretaría de Gobierno para impulsar la creación de un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas en la Ciudad de México.

Estas acciones se comenzaron a materializar por medio de un convenio interinstitucional que firmaron autoridades del Distrito Federal y la CDHDF, el 29 de marzo de 2012. En este, las organizaciones de la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas jugaban un papel fundamental en la toma de decisión de las medidas de protección.

A pesar de la firma protocolaria del convenio, el mecanismo de protección no podía funcionar, fue necesario diseñar instrumentos que establecieran tiempos para otorgar las medidas, para analizar los casos y designar a sus participantes.

El diseño de los protocolos llevó su tiempo, fue un esfuerzo que implicó múltiples comunicaciones, discusiones y papeleo. Cuando se terminaron los instrumentos, rebasando por mucho los tiempos establecidos en los artículos transitorios del convenio, se empezaron con las juntas para analizar los casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.

El gusto duró poco, se convocaron contadas juntas para analizar casos y brindar atención a los mismos, y el tiempo paso sin que se clarificara si se habían implementado las medidas de protección. Y lo más grave, la Ciudad de México pasó a ser la entidad con más agresiones contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos, derivado de la política represiva que se implementó contra quienes ejercían la protesta social.

Así, por un lado se hablaba del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras, y por el otro se detenía arbitrariamente a la prensa y a personas que documentaban violaciones de derechos humanos perpetradas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobierno ambas del Distrito Federal. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil anunciaron públicamente su retiro del mecanismo y enfatizaron que hasta no contar con personal específico y un marco normativo que diera certeza de las obligaciones de la autoridad en cuanto a la protección de personas defensoras y periodistas, el mecanismo no iba a funcionar.

Por estos motivos, desde hace más de un año se inició el trabajo de redacción de la ley. En esta labor participó la ALDF, la CDHDF, la Subsecretaría de Gobierno y la sociedad civil, el trabajo se concretó a principios de julio de este año con la aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa.

La publicación de la ley un mes después de su aprobación, en un contexto adverso para la libertad de expresión en el país, genera muchas dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección. Es imposible no preguntarse si esta vez se respetarán los tiempos de los transitorios para implementar la ley, también si no se trata de oportunismo político que derive en represión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en esta ciudad.

Las respuestas a estas reflexiones no tardarán en verse, el Jefe de Gobierno tiene 20 días para nombrar a la persona titular del mecanismo de protección y pronto empezarán las fechas conmemorativas de múltiples marchas en la Ciudad de México. Es en esto en lo que se debe poner atención para saber si la promulgación de una ley tiene un verdadero impacto en quienes transitamos y vivimos en el Distrito Federal.

Por otro lado, es necesario señalar que las leyes de protección a periodistas y personas defensoras generan una falsa expectativa, dado que se piensa que incidirán en la investigación de delitos cometidos en contra de periodistas y de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos; sin embargo, estas acciones son responsabilidad de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, quienes a la fecha no han dado resultados para frenar los ataques constantes que sufren quienes ejercen estos derechos. Es responsabilidad de estas autoridades investigar los hechos ocurridos en la colonia Narvarte.

Los mecanismos de protección se abocan, como su nombre lo indica, a dar medidas que protejan la integridad física de quienes ejercen los derechos. En este sentido, la ley del Distrito Federal propone medidas avanzadas para el contexto del país, pues busca generar un mecanismo de refugio para quienes ejercen, en otros estados, la labor del periodismo y de defensa de derechos humanos, por lo que esta ley brinda medidas de carácter social para apoyar su estancia y salud en caso de ser necesario.

La ley también establece la creación de una mesa multisectorial en la que participan diversos actores para proponer acciones que garanticen en mayor medida estos derechos. Estaremos a la expectativa de que estos hechos se traduzcan del papel a la realidad, con la finalidad de fortalecer la libertad de expresión en el país.

 @article19mex

Autoridades del DF pretenden desviar investigación por multihomicidio: Activistas

Ángel García
Xalapa, Veracruz

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogados independientes y redes de apoyo, dijeron, en conferencia de prensa, que las autoridades de la ciudad de México tratan de cerrar la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte para dejar a un lado la línea de investigación que advierte de un posible móvil político orquestado por parte del Gobierno de Veracruz.

Abundaron que existe una complicidad entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para fortalecer una versión alejada a la posibilidad de que el crimen del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, dos de las cinco víctimas de la colonia Narvarte, tenga su origen en el gobierno veracruzano.

Edith Escalón, integrante de la Defensoría de Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales, al igual que los demás activistas, sostuvo que de manera reciente el representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, Marcelo Díaz, se reunió con los jóvenes universitarios agredidos y con un grupo de periodistas para estudiar el caso del multihomicidio.

Dijo que dicho personaje se encuentra en esta capital para investigar y tratar de colaborar en el esclarecimiento de los hechos en donde también fueron victimadas tres mujeres más. 

Sostuvo que la agresión perpetrada por un grupo armado en contra de ocho jóvenes el pasado 5 de junio en la colonia Ferrer Guardia se encuentra estrechamente relacionada con el crimen del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera.

Recalcó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Fiscalía General del Estado han difundido una línea de investigación que pretende ocultar el hostigamiento que el comunicador sufrió en territorio veracruzano poco antes de su homicidio.

Señaló que el fotógrafo y la activista documentaron las agresiones que sufrieran los ocho jóvenes, entre otros actos de represión y de violencia sistemática en el estado, lo que posiblemente dio paso a los crímenes.

Manifestó que Rubén Espinosa Becerril también fue impulsor de los movimientos de denuncia de los asesinatos de periodistas durante la presente administración estatal y que por ello sus acciones fueron incómodas para el gobierno.

Recalcó que en el Estado se sufre de una represión sistemática y que se corre el riesgo de que las líneas de investigación del multihomicidio perpetrado en la ciudad de México se desvirtúen para dar carpetazo al expediente.

Finalmente, los activistas sostuvieron que las autoridades de la PGJDF se encuentran obligadas a desarrollar una investigación completa, transparente y veraz que dé cuenta de su autonomía y permita esclarecer el caso para proceder en contra de quienes resulten responsables.

Veracruz: “estado de sitio” para periodistas y defensoras

Anayeli García Martínez

CIMAC noticias

Foto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

“Paralizadas” por el miedo, activistas y comunicadores afrontan día a día la impunidad y las violaciones a los Derechos Humanos en la entidad.

En el estado de Veracruz, las desapariciones y asesinatos de mujeres, el hostigamiento a defensoras de Derechos Humanos (DH), así como las agresiones contra la prensa, son “pan de cada día” desde que Javier Duarte de Ochoa asumió como gobernador de la entidad en 2010.

El primer “foco rojo” se encendió en 2011 con el Informe de la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, en el que se asentó que una de las instancias con más denuncias por agravios a periodistas era la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz.

En 2012 llegó la segunda señal de alarma cuando la ONU emitió las Observaciones finales del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en las que manifestó su preocupación por las imparables y elevadas cifras en casos de feminicidio y desapariciones en Veracruz.

Ante este panorama, en mayo pasado el Colectivo Feminista de Xalapa; la Agrupación de Derechos Humanos Xochiteptl; Equifonía Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres; y el Centro de Apoyo al Crecimiento Humano y el Desarrollo Social, declararon una “alerta ciudadana” por la gravedad de la violencia de género en la entidad.

La representante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, dijo que de enero a julio de 2015 suman 70 asesinatos y 90 desapariciones de mujeres, sin que el gobierno estatal tome cartas en el asunto.

Desde 2009 grupos feministas y el Instituto Veracruzano de las Mujeres solicitaron para Veracruz la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo de emergencia para prevenir y atender este fenómeno–, por lo que se reunieron con el secretario de Gobierno estatal, Reynaldo Escobar, quien les respondió que el gobernador (Javier Duarte) “no quería una mala nota para el estado”.

Insistentes, el 24 de diciembre de ese año diputadas locales exigieron a Escobar la declaratoria de AVG, pero la respuesta contundente fue que era una “instrucción del gobernador no emitirla, pues eso sería como prender un foco rojo en la entidad”.

Con la negativa, las organizaciones aseguraron que se minimizó en ese momento el asesinato de ocho mujeres y la desaparición de al menos cinco más, así como el hallazgo de otras tres jóvenes en bares del centro y sur del estado que fueron obligadas a trabajar como meseras, y otra más forzada a prostituirse.

Ahora, explicó Monserrat Díaz, la situación en la entidad es “bastante delicada” y en cualquier momento la inseguridad y el miedo podrían “paralizar” a las personas defensoras de DH.

“Hay una sensación de desolación. Nosotras lo que estamos haciendo es justo articularnos para lanzar la solicitud de AVG en Veracruz (ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres)”, sin embargo –aclaró– no lo han hecho porque en el estado pareciera que las activistas viven en un “estado de sitio” donde no tienen posibilidades de acción.

Agregó que este ambiente adverso tiene que ver con la inseguridad, aunque apuntó que no puede asegurar que sea por una presunta relación entre el gobierno y la delincuencia organizada.

AÑOS DE VIOLENCIA

2012 también fue un año ríspido para las activistas y periodistas. Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) –que agrupa a activistas de México, Guatemala y Honduras–, ese año Veracruz fue ubicado como el cuarto estado del país con más violencia contra este gremio, sólo superado por Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

De acuerdo con IM-Defensoras, tales entidades se caracterizan por conflictos comunitarios, territoriales, económicos, migratorios y políticos; además de que tienen fuerte presencia militar.

A su vez, son estados con alto porcentaje de población indígena envuelta en procesos de defensa de la tierra y el territorio y, al mismo tiempo, son blanco de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado.

En cuanto a libertad de expresión, Veracruz (junto con Chihuahua) presenta la mayor cantidad de homicidios y desapariciones de periodistas, según datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), de la PGR, que reportó 11 asesinatos desde 2010.

En 2011 fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera policiaca del diario Notiver. Su cuerpo fue hallado en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, el 26 de julio de aquel año, dos días después de su desaparición.

En este escenario, el 28 de abril de 2012 en Xalapa fue ultimada la periodista y corresponsal del semanario Proceso, Regina Martínez Pérez. Fue encontrada en el baño de su casa, golpeada y con señas de estrangulamiento. En sus últimas colaboraciones abordó la violencia del crimen organizado, las acciones militares y la corrupción en el gobierno del estado.

Es tal la represión contra la protesta social en el estado, que incluso el pasado 5 de junio ocho estudiantes universitarios fueron golpeados en Xalapa con bates, palos, machetes y armas largas por encapuchados, lo que les causó fracturas en diversas partes del cuerpo, además de múltiples contusiones.

Como medida preventiva, periodistas que recibieron amenazas en la entidad decidieron exiliarse. Fue el caso del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril, también corresponsal de Proceso y de la agencia fotográfica Cuartoscuro. El pasado 31 de julio fue asesinado en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal.

El reportero fue ejecutado junto con la activista Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, y quien era activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa, donde estudió la universidad. Ella fue una de las estudiantes golpeadas por policías de Veracruz en una manifestación el 20 de noviembre de 2012.

Previo al crimen, el periodista y la defensora responsabilizaron a Javier Duarte de cualquier incidente que les pudiera suceder, pues ya habían sido vigilados y amenazados, razón por la que se refugiaron en la Ciudad de México.

Junto a Espinosa y Vera también fueron asesinadas Yesenia Quiroz, Mile Virginia Martín y Alejandra Negrete, cuyos casos son investigados por la PGJDF como feminicidio debido a que hubo señales de estrangulamiento y violencia sexual.

Monserrat Díaz advirtió: “Estamos muy preocupadas por lo que está sucediendo; por supuesto que hay un clima de temor; creemos que tenemos que reforzar nuestra protección y tratar de seguir adelante en medio de todo esto”.

Javier Duarte declarará desde Veracruz sobre el homicidio en Narvarte: Mancera

Animal Político

México, D.F

Horas después de que el gobernador Javier Duarte dijera que el esclarecimiento del multihomicidio en la colonia Narvarte corresponde a las autoridades del DF –no a las de Veracruz–, el gobierno del DF informó que el mandatario local tendrá que declarar ante el Ministerio Público.

Durante la promulgación de la ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera confirmó este lunes 10 de agosto que el MP se trasladará a Veracruz para interrogar a Duarte por el multihomicidio.

“He dado la instrucción a la Procuraduría General de Justicia de esta capital para que el día de mañana se traslade el subprocurador de Averiguaciones Previas con un equipo de ministerios públicos y oficiales secretarios a fin de que en coordinación con el gobierno de Veracruz puedan tener la declaración en relación los hechos”, dijo Mancera.

Agregó que esta mañana se comunicó con Duarte para decirte que se requería su “declaración directa” sobre los hechos.

Dos de las personas asesinadas el 31 de julio pasado, el fotoperiodista Rubén Espinosa y laactivista Nadia Vera dejaron la entidad gobernada por el priista luego de recibir amenazas. Espinosa dijo a la organización Artículo 19 que fue amenazado por su labor periodística, mientras que Vera grabó un video en el que responsabilizó a Duarte si algo malo le ocurría a ella o a su familia.