- La publicación de la ley por la que se crea el Mecanismo de Protección a Periodistas en el DF, un mes después de su aprobación y en un contexto adverso para la libertad de expresión en el país, genera muchas dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección. Es imposible no preguntarse si esta vez se respetarán los tiempos de los transitorios para implementar la ley, también si no se trata de oportunismo político que derive en represión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en esta ciudad.
Gabriel Soto (@gsotoc)
El 10 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal[1]; como si fuera un truco de magia, esta ley se publicó en medio del contexto del asesinato de cinco personas en la colonia Narvarte.
Sin embargo, no se trata de sacar el conejo del sombrero, esta ley se remonta a unos cuatro años atrás, cuando la administración pasada de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) denotó la necesidad de brindar refugio a periodistas y personas defensoras desplazadas por el contexto de violencia del país. Por ello, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, se inició un diálogo con la Subsecretaría de Gobierno para impulsar la creación de un mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas en la Ciudad de México.
Estas acciones se comenzaron a materializar por medio de un convenio interinstitucional que firmaron autoridades del Distrito Federal y la CDHDF, el 29 de marzo de 2012. En este, las organizaciones de la sociedad civil y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas jugaban un papel fundamental en la toma de decisión de las medidas de protección.
A pesar de la firma protocolaria del convenio, el mecanismo de protección no podía funcionar, fue necesario diseñar instrumentos que establecieran tiempos para otorgar las medidas, para analizar los casos y designar a sus participantes.
El diseño de los protocolos llevó su tiempo, fue un esfuerzo que implicó múltiples comunicaciones, discusiones y papeleo. Cuando se terminaron los instrumentos, rebasando por mucho los tiempos establecidos en los artículos transitorios del convenio, se empezaron con las juntas para analizar los casos de agresiones a personas defensoras y periodistas.
El gusto duró poco, se convocaron contadas juntas para analizar casos y brindar atención a los mismos, y el tiempo paso sin que se clarificara si se habían implementado las medidas de protección. Y lo más grave, la Ciudad de México pasó a ser la entidad con más agresiones contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos, derivado de la política represiva que se implementó contra quienes ejercían la protesta social.
Así, por un lado se hablaba del mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras, y por el otro se detenía arbitrariamente a la prensa y a personas que documentaban violaciones de derechos humanos perpetradas por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Gobierno ambas del Distrito Federal. Por esta razón, organizaciones de la sociedad civil anunciaron públicamente su retiro del mecanismo y enfatizaron que hasta no contar con personal específico y un marco normativo que diera certeza de las obligaciones de la autoridad en cuanto a la protección de personas defensoras y periodistas, el mecanismo no iba a funcionar.
Por estos motivos, desde hace más de un año se inició el trabajo de redacción de la ley. En esta labor participó la ALDF, la CDHDF, la Subsecretaría de Gobierno y la sociedad civil, el trabajo se concretó a principios de julio de este año con la aprobación de la ley por la Asamblea Legislativa.
La publicación de la ley un mes después de su aprobación, en un contexto adverso para la libertad de expresión en el país, genera muchas dudas sobre el funcionamiento de este mecanismo de protección. Es imposible no preguntarse si esta vez se respetarán los tiempos de los transitorios para implementar la ley, también si no se trata de oportunismo político que derive en represión contra quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión en esta ciudad.
Las respuestas a estas reflexiones no tardarán en verse, el Jefe de Gobierno tiene 20 días para nombrar a la persona titular del mecanismo de protección y pronto empezarán las fechas conmemorativas de múltiples marchas en la Ciudad de México. Es en esto en lo que se debe poner atención para saber si la promulgación de una ley tiene un verdadero impacto en quienes transitamos y vivimos en el Distrito Federal.
Por otro lado, es necesario señalar que las leyes de protección a periodistas y personas defensoras generan una falsa expectativa, dado que se piensa que incidirán en la investigación de delitos cometidos en contra de periodistas y de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos; sin embargo, estas acciones son responsabilidad de las autoridades encargadas de la procuración de justicia, quienes a la fecha no han dado resultados para frenar los ataques constantes que sufren quienes ejercen estos derechos. Es responsabilidad de estas autoridades investigar los hechos ocurridos en la colonia Narvarte.
Los mecanismos de protección se abocan, como su nombre lo indica, a dar medidas que protejan la integridad física de quienes ejercen los derechos. En este sentido, la ley del Distrito Federal propone medidas avanzadas para el contexto del país, pues busca generar un mecanismo de refugio para quienes ejercen, en otros estados, la labor del periodismo y de defensa de derechos humanos, por lo que esta ley brinda medidas de carácter social para apoyar su estancia y salud en caso de ser necesario.
La ley también establece la creación de una mesa multisectorial en la que participan diversos actores para proponer acciones que garanticen en mayor medida estos derechos. Estaremos a la expectativa de que estos hechos se traduzcan del papel a la realidad, con la finalidad de fortalecer la libertad de expresión en el país.
@article19mex
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