Xalapa, Veracruz
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, abogados independientes y redes de apoyo, dijeron, en conferencia de prensa, que las autoridades de la ciudad de México tratan de cerrar la investigación del multihomicidio de la colonia Narvarte para dejar a un lado la línea de investigación que advierte de un posible móvil político orquestado por parte del Gobierno de Veracruz.
Abundaron que existe una complicidad entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para fortalecer una versión alejada a la posibilidad de que el crimen del reportero gráfico Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera, dos de las cinco víctimas de la colonia Narvarte, tenga su origen en el gobierno veracruzano.
Edith Escalón, integrante de la Defensoría de Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y Territoriales, al igual que los demás activistas, sostuvo que de manera reciente el representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, Marcelo Díaz, se reunió con los jóvenes universitarios agredidos y con un grupo de periodistas para estudiar el caso del multihomicidio.
Dijo que dicho personaje se encuentra en esta capital para investigar y tratar de colaborar en el esclarecimiento de los hechos en donde también fueron victimadas tres mujeres más.
Sostuvo que la agresión perpetrada por un grupo armado en contra de ocho jóvenes el pasado 5 de junio en la colonia Ferrer Guardia se encuentra estrechamente relacionada con el crimen del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril y de la activista Nadia Vera.
Recalcó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Fiscalía General del Estado han difundido una línea de investigación que pretende ocultar el hostigamiento que el comunicador sufrió en territorio veracruzano poco antes de su homicidio.
Señaló que el fotógrafo y la activista documentaron las agresiones que sufrieran los ocho jóvenes, entre otros actos de represión y de violencia sistemática en el estado, lo que posiblemente dio paso a los crímenes.
Manifestó que Rubén Espinosa Becerril también fue impulsor de los movimientos de denuncia de los asesinatos de periodistas durante la presente administración estatal y que por ello sus acciones fueron incómodas para el gobierno.
Recalcó que en el Estado se sufre de una represión sistemática y que se corre el riesgo de que las líneas de investigación del multihomicidio perpetrado en la ciudad de México se desvirtúen para dar carpetazo al expediente.
Finalmente, los activistas sostuvieron que las autoridades de la PGJDF se encuentran obligadas a desarrollar una investigación completa, transparente y veraz que dé cuenta de su autonomía y permita esclarecer el caso para proceder en contra de quienes resulten responsables.
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